ALMERÍA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) ha insistido este viernes que el pago de un canon calculado en relación al volumen de extracción de material de una cantera es un procedimiento "legal" que está "vigente" como sistema de aval por el método de Instrucción diseñado por la Junta para garantizar la recuperación ambiental de las canteras de Macael (Almería), por lo que han vuelto a afear el cambio de postura de la Delegación Territorial de Conocimiento para que, en base a un Real Decreto, los empresarios depositen avales bancarios determinados por la extensión del terreno que explotan.
En un comunicado, AEMA ha insistido en que la solicitud de avales bancarios conlleva una "grave situación de bloqueo de expedientes en la Sierra de Macael por parte del Departamento de Minas de Almería"; una situación que, según han señalado, ha sido reconocida por el propio delegado ante los empresarios con lo que ha hablado directamente y a los que ha comunicado que "una vez que se desposite el avan podrán ser desbloqueados sus expedientes", según la versión de la patronal.
Asimismo, se han reafirmado en la existencia de "riesgo para el empleo" puesto que "el estrangulamiento financiero va a poner en riesgo a las explotaciones y fábricas de Macael". "Si gravas de forma brusca tanto la carga financiera de las empresas como su capacidad para el endeudamiento futuro, y ese es otro hecho, estas motivando una desaceleración que puede tener consecuencias nefastas", han advertido.
Con ello, han rechazado los cálculos de Tortosa, quien en declaraciones a Europa Press, explicó que aval máximo por una explotación está en 437.000 euros y que solo diez están por encima de los 300.000 euros, puesto que los empresarios aseguran que hay constancia de que hay "avales por más de 600.000 euros" y empresas que, al tener más de una explotación, "superarían el millón de euros" en avales.
Igualmente, insisten en que el Real Decreto ofrece la posibilidad de entregar aval "o equivalente", y que la Instrucción emitida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de Andalucía de 2015, "interpreta, para el caso de arrendamiento como es el caso de Macael, el concepto de equivalente, en este caso, por volumen extraído, para que al final del agotamiento del recurso minero se haya depositado el cien por cien de la garantía de restauración". Según Tortosa, bajo el sistema actual únicamente se habrían recaudado unos 346.000 euros.
"Sería ilógico pensar que en los cuatro años de aplicación de la Instrucción sea posible recaudar once millones de euros", han respondido desde AEMA, donde señalan que la aportación actual se eleva hasta los 449.879 euros, y que el calculo para el depósito de avales se efectúa con la división de la superficie a restaurar afectada actualmente y futura para los próximos 30 años, entre las reservas existentes.
Los empresarios han recordado también que de las 90 explotaciones activas, 88 de ellas han presentado escritos de alegaciones para manifestar su decisión por mantenerse en la Instrucción, con lo que el delegado "tiene las competencias para poder estimarlas de forma favorable, siendo coherente con su propia resolución de abril de 2016, que fue lo que se solicitó en la última reunión mantenida entre AEMA y la Delegación Territorial, en base a los últimos informes jurídicos positivos recibidos".
UN CRITERIO "CONTRA LA DIRECCIÓN GENERAL"
"No se entiende por qué el delegado acepta el cambio de criterio si reconoce en su resolución de 27 de abril de 2016, --la controversia se inició en julio de 2017-- firmada por él, la complejidad de la aplicación de las normas para las explotaciones de Macael y, además, él mismo afirma que se cumple con lo establecido en el Real Decreto 975/2009 y establece el método de aportación de la garantía de restauración", han añadido tras mostrar el acuerdo sobre la constitución de garantías financieras para los arrendamientos parciales de explotación de recursos.
Desde AEMA han insistido que el "cambio de criterio" viene propuesto por el Departamento Técnico de Minas de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo "en contra de lo que la Dirección General de Industrial, Energía y Minas de Andalucía, a día de hoy, afirma debe de ser aplicado", según el presidente de la patronal andaluza del mármol, Antonio Sánchez.
"La directora general, Natalia González, nos hizo saber a todos, a él también --en referencia al delegado--, que la Instrucción es legal, y no puede haber ningún tipo de bloqueo al respecto. Por tanto, no mezclemos, pues en este caso es la Delegación Territorial de Almería, incomprensiblemente y a pesar de las directrices marcadas por la Junta de Andalucía, quien pretende un cambio de criterio", ha recalcado antes de ligar este aspecto a una "renovación de los cargos en el Departamento de Minas" en julio del pasado año.
Así, han incidido en que "los ciudadanos no pueden estar supeditados a que cambios o renovaciones en los cargos puedan afectar gravemente a la interpretación de las normas".
Respecto de las relaciones con la Administración andaluza y la Industria del Mármol en los diferentes ámbitos, "debemos decir que han sido magnificas y que esta industria ha sido capaz de llegar mucho más lejos con el apoyo de la Administración", sentido en el que ha suscrito el apoyo que se recibe del Gobierno andaluz para "la minería sostenible, respetuosa con el entorno y con la ley y responsable con la sociedad del futuro".
