JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 May. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Jerez aseguró hoy que el estudio encargado a cuatro expertos ajenos al equipo municipal sobre la revisión catastral en la localidad gaditana "no implica que el Gobierno local prejuzgue que ésta contenga errores" y que, en función de tales informes, se tomarán "las medidas pertinentes con todas sus consecuencias".
En declaraciones a Europa Press, fuentes del Consistorio respondieron así a las declaraciones hechas recientemente a esta agencia por el diputado del Partido Popular (PP), Aurelio Romero Girón, cuando su partido presentó ante el Congreso de los Diputados y la Comisión de Economía y Hacienda una pregunta y una Proposición no de Ley relativas a dicha revisión catastral.
Romero explicó entonces sendas acciones subrayando los "errores garrafales" que, en su opinión, presentaba la actual revisión, que entrará en vigor este año incrementando hasta un siete por ciento el Impuesto Sobre Muebles e Inmuebles (IBI) que deberán abonar los jerezanos.
A este respecto, desde el Ayuntamiento recordaron que su actuación responde a la 'hoja de ruta' aprobada en 2006 en función de la cual, además, se han "tomado medidas para amortiguar el efecto que esta subida pudiera tener sobre los jerezanos".
Así, en julio de 2007 el Gobierno aprobó "bonificar un 93 por ciento del IBI, de manera que, independientemente de lo que aumente el valor de sus inmuebles, los ciudadanos sólo harán frente a una subida máxima de este impuesto del siete por ciento", recordaron.
Asimismo, el Consistorio aprobó el pasado mes de febrero que, a partir de 2009, el IBI sólo aumentará en función del incremento del IPC, explicaron las mencionadas fuentes, que recordaron que "todas estas decisiones se tomaron en un momento en que nadie hablaba del 'catastrazo' y siempre atendiendo al interés de los jerezanos".
UN 'CATRASTAZO' SOLICITADO EN 2004 POR EL PP.
Tras recordar que hace 17 años que no se revisaba el valor catastral de los inmuebles jerezanos, "cuando el periodo recomendado es de diez años", las fuentes gubernamentales recordaron que ya el Partido Popular aprobó la misma medida el año 2004, "cuando gobernaba María José Pelayo".
Por ello, y después de valorar como "razonable" esta actuación del entonces gobierno popular, consideraron "curioso que quienes en su momento adoptaron esta decisión ahora sean líderes de la oposición a la misma".
Destacaron además que "la hoja de ruta no la rige el PP" sino el propio programa oficial, y que, dentro de éste, "se ha contratado empresas independientes para aportar una nueva visión rigurosa, firme, que responda a un estudio serio y no a opiniones vertidas por nadie".
Por último, las citadas fuentes adelantaron que en las próximas semanas, los expertos contratados presentarán sus informes y que, en función de sus conclusiones, "el Gobierno tomará las decisiones pertinentes, con todas sus consecuencias".
