Afirma que en las grabaciones transcritas y que obran en el juzgado el diputado "viene a decir que de 117 exámenes ha amañado 117"
CÁDIZ, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La responsable provincial de Política Institucional de IU en Cádiz, Inmaculada Nieto, y el diputado de IU, Pedro Romero, han reclamado la dimisión "inmediata" del diputado provincial delegado del área de Función Pública y Recursos Humanos, Luis Ángel Fernández (PP), después de que éste haya sido imputado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Exigen al presidente de la Diputación, José Loaiza, que dé explicaciones y proceda a su cese, ya que en caso contrario le considerarán "cómplice".
En rueda de prensa, Nieto ha explicado que el PP ha venido negando la imputación de esta persona y que incluso "amenazó" a IU con interponer una demanda por difamación si seguía trasladándolo a los medios. Por ello, decidieron adherirse a la causa del fiscal como acusación popular. Así, una vez personados, desde IU reiteran que Fernández está imputado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz en base a unas declaraciones en las que el diputado habría "presumido de utilizar procedimientos irregulares en la provisión de puestos de trabajo en una promoción interna, en un concurso oposición de la Diputación".
Detalla Nieto que el caso nace de otro procedimiento abierto en un juzgado de Algeciras en abril de 2012 en relación a las actividades de algunos directivos de la empresa municipal de limpieza de Algeciras, Algesa. El edil delegado de dicha empresa municipal en aquel entonces fue imputado, dimitió y Fernández le sustituyó en el cargo.
Explica la dirigente de IU que este nuevo procedimiento ha sido "abierto de oficio por la propia juez" a raíz de una grabación que contiene una conversación entre Fernández con la responsable de recursos humanos de Algesa en la que "él mismo afirma haber cometido esos supuestos delitos" en la Diputación y, además, pretende que la trabajadora "utilice esos mismos procedimientos para que sea incorporado, de manera irregular, personal a la empresa pública".
Concreta que, en la referida conversación, el diputado reclamaba a la trabajadora la incorporación de determinadas personas, y "cuando ésta le recuerda que hay una serie de procedimientos para la incorporación, es cuando presume de haberse puesto el mundo por montera y haber eludido estos procedimientos y controles, y en la Diputación haber conseguido la incorporación de las personas que quería en los puestos en los que quería que estuviesen".
Califican de "auténtico escándalo" lo ocurrido y recriminan al PP que haya "tapado y negado con vehemencia" esta situación, destacando la "gravedad" de que se mantenga en el cargo a una persona imputada por presunta prevaricación y tráfico de influencias. Añaden que esta "no es la única provisión de plazas en la que la Diputación está bajo sospecha y bajo la sombra de la duda". Por ello, insisten en que si no dimite o es cesado, Loaiza será "cómplice" de lo ocurrido.
Señalan que, más allá de la responsabilidad judicial que pueda tener Fernández, hay una "responsabilidad política evidente" y tildan de "sorprendente" el "silencio" de la Diputación en relación a este asunto, no habiéndose dado "ninguna información sobre esto a los portavoces de los distintos grupos políticos".
Entre otras cuestiones, Romero afirma que en las grabaciones transcritas y que obran en el juzgado el diputado "viene a decir que de 117 exámenes ha amañado 117" y alude a una bolsa de trabajo en una promoción interna de mediados del año 2012. Así, anuncia que se exigirá información a la Presidencia de la Diputación y que se convoque una junta de portavoces para abordar este asunto y "se esclarezcan los mecanismos por los que en la actualidad una persona puede incorporarse a trabajar en la Diputación o promocionar internamente en la Diputación".
Entienden que el fallo no tiene por qué estar en el procedimiento, sino en la persona que, al parecer, "se ha saltado a la torera la igualdad, el mérito y la capacidad para conseguir que ocupen puestos en la administración pública quien él quiere, pagados por todos los contribuyentes". Inciden en que se trata de un "escándalo" y de un "insulto" a los ciudadanos, máxime teniendo en cuenta las cifras actuales de paro en la provincia.
