Serrano insiste en que el Gobierno andaluz no pretende una "amnistía" con la modificación de la LOUA

Serrano en rueda de prensa
EUROPA PRESS
Actualizado: sábado, 4 julio 2015 7:07

CÁDIZ, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha insistido en que la Junta no pretende "una amnistía, ni legalizar o regularizar todas las viviendas ilegales", y que la intención de la anunciada modificación normativa de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) es "dar solución a aquellos casos prescritos en los que no se pueden ejercer acciones disciplinarias ni administrativas ni penales porque son edificaciones que se encuentran en un limbo jurídico".

En un rueda de prensa en Cádiz, Serrano ha explicado que "la realidad y la problemática del suelo no urbanizable en Andalucía es compleja y diferente" dependiendo del territorio en el que se ubique. "La modificación anunciada por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se enmarca dentro del camino iniciado por el Gobierno andaluz para intentar solucionar la situación del no urbanizable en Andalucía, para lo que en 2012 se publicó un decreto", ha señalado.

La consejera sostiene que "hay que darle una solución a esa realidad y a esa problemática", y que hay que analizar cada caso porque "no se pueden dar soluciones generales a problemas distintos". Detalla que la modificación normativa anunciada se dirige más a las "construcciones aisladas que han sido objeto de una parcelación no especulativa o pequeña que a un asentamiento".

Estas construcciones en parcelaciones pequeñas "no se podían acoger a la figura del Asimilado a Fuera de Ordenación" del decreto para la regularización de viviendas de 2012, y el Gobierno andaluz se marca el objetivo de "darle salida a eso".

"En la medida que los ayuntamientos hagan su trabajo, el decreto de 2012 podrá desplegar toda su eficacia", ha aseverado Serrano, que reconoce que "la situación económica no ayuda, porque hay ciudadanos que para regularizar sus viviendas tienen que pagar unas tasas que en estos momentos les resulta difícil pagar".

La consejera asegura que "es de justicia social" y existe "la obligación de dar respuesta" al "problema" de las edificaciones que se encuentran en un limbo jurídico "aunque no lo haya creado el Gobierno andaluz", al tiempo que matiza que esa pretensión "no quiere decir que la Junta diga que construir en suelo urbanizable no sea delito: es un delito y no se debe hacer, y tiene que tener sus sanciones administrativas".

Por último, Serrano ha incidido en que "reconociendo que no se puede construir en el no urbanizable ni edificar sin licencia", el Gobierno andaluz expone "que hay una realidad y que hay que darle respuesta".