Crespo no entiende que Junta "no haya hecho esfuerzo especial" para poner a disposición de familias viviendas de EPSA

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, hoy en Sevilla.
Europa Press/Archivo
Actualizado: viernes, 14 febrero 2014 14:06

CORTEGANA (HUELVA), 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha instado a la Junta de Andalucía a trabajar conjuntamente con el Gobierno central en un asunto "tan sensible" como es el de la vivienda y a no crear "confrontación ni hacer política de cara a la galería", asegurando no entender que el Gobierno andaluz "no haya hecho un esfuerzo especial" para poner a disposición de familias más necesitadas viviendas del parque público de EPSA.

En declaraciones a los periodistas en las instalaciones del Matadero Industrial de Cortegana (Huelva), Crespo se ha referido a la apertura por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda de dos procedimientos administrativos contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como 'banco malo', por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de sus viviendas protegidas en la comunidad autónoma, y ha remarcado que EPSA "tiene posibilidades inmejorables que no se han puesto a disposición en estos momentos".

La delegada ha recordado que el Gobierno central transfiere anualmente a Andalucía 127 millones de euros para Viviendas de Protección Oficial (VPO) y en la actualidad "hay diez millones de euros que la Junta no ha justificado, debiéndole once millones a promotores de viviendas protegidas", por tanto cree que "la Junta deberá dar explicaciones".

Por parte del Gobierno central, según ha incidido, "su línea está muy clara: trabajar por los más desfavorecidos, a través de una norma para evitar los desahucios a familias en exclusión social, negociar con entidades bancarias y poner a disposición el parque de viviendas públicas".

Respecto a la ley andaluza de la función social de la vivienda, Carmen Crespo ha remarcado que "esta normativa no fue dialogada con el Gobierno central, sino que se hizo y se quiso imponer, creando inseguridad jurídica en el ámbito de la vivienda y distinguiendo un territorio de otro, y esto no se puede consentir".

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