MARBELLA (MÁLAGA), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
La defensa de los ex vocales del Partido Andalucista (PA) en la gestora de Marbella (Málaga) que fueron despedidos por el Ayuntamiento, Florentino Rodríguez y Ricardo García, ha presentado un escrito de alegaciones en el juzgado que lleva el caso en el que se entiende que "el despido sólo puede deberse a represalias por razones políticas ya que no concurren los exigidos requisitos para la prosperidad del despido objetivo por razones económicas".
En este sentido, la defensa argumenta en sus alegaciones, a las que tuvo acceso Europa Press y que fueron remitidas el pasado mes de junio al Juzgado de lo Social número 11 de Málaga, que está pendiente de resolver sobre la nulidad o no de dichos despidos, que el Consistorio marbellí ha tenido una carga presupuestaria en capitulo I "por nuevas contrataciones de personal de algo más de 14 millones de euros".
Asimismo, exponen que se "abonan cantidades por trabajos extraordinarios cuando manifiestan que hay excedente en materia de personal". Según indican en el documento, estos pagos se desprenden de las actas de las juntas de Gobierno local que "reflejan un promedio mensual de gasto en las mismas de aproximadamente 55.000 euros".
El escrito continúa enumerando los gastos del Consistorio entre los que destaca "que parece más inexplicable, a la vista de los motivos expuestos por la parte demandada, las masivas contrataciones externas que se efectúan por el nuevo equipo de gobierno". Así, el documento indica que estas contrataciones suponen más de 10 millones de euros gastados para "trabajos que pueden ser realizados por el personal del Ayuntamiento y las empresas municipales".
Entre ellas, destaca la adjudicación para la conservación y mantenimiento de los bienes inmuebles por 1,3 millones de euros a la empresa Ituval S.L; la rehabilitación de la barandilla del Paseo Marítimo por 1.187.000 euros o el servicio de limpieza de la piscina y mercado municipal por un valor 85.000 euros. También se hace referencia al gasto de 17 millones de euros en suministros por parte del Ayuntamiento.
El escrito indica que "paradójicamente, frente a la caótica situación económica que los demandados acreditan, sus responsables han anunciado un remanente presupuestario que se ha registrado en el último periodo que asciende a 18 millones de euros, así como la importante reducción de la deuda de las sociedades municipales y demás organismos".
En este sentido, apuntan que "era previsible en la fecha del despido, porque el Consistorio hizo manifestaciones sobre la disminución de la deuda municipal en 4,1 millones de euros por lo que nuevamente acredita la más absoluta ausencia de fundamentación del despido".
Asimismo, la defensa de los ex vocales apunta en sus alegaciones que "desconoce cuáles son los motivos por los que, haciendo caso omiso al mandato judicial, no se incluye en las listas solicitadas al personal funcionario de carrera, eventual o de confianza".
En este sentido, manifiesta la defensa que aunque "la alcaldesa en declaraciones a los medios de comunicación indicase que estos puestos no era necesario remitirlos al juzgado porque existen documentos públicos que dan a conocer estas contrataciones, el verdadero sentido es ocultar esta información determinante a su señoría, pues se observan contrataciones millonarias incompatibles con la alegación de moderación y economía presupuestaria esgrimida por la defensa del Ayuntamiento y las Empresas Municipales.
Por todo esto se concluye que "se desprende así una conducta de mala fe en la parte demandada" a lo que añaden que "el personal de confianza es el que tiene las remuneraciones más cuantiosas y que más se ajustan a la categoría profesional de los ex vocales". También consideran "significativo el elevado número de contrataciones (428) habida cuenta de que la principal alegación de los demandados es que la plantilla esta sobredimensionada".
El documento continúa argumentando que además un "gran número de contrataciones se han llevado a cabo en un periodo corto de tiempo y dentro de un periodo no estival". Finalmente, por estas razones consideran que "no concurren los requisitos legalmente exigidos para que prospere un despido objetivo por razones económicas".
