SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
Luis Amate, asesor técnico de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo y participante en la revisión de 2011 de los expedientes administrativos de las ayudas sociolaborales concedidas por la Dirección General de Trabajo en los ERE fraudulentos llevada a cabo por la Consejería tras saltar el caso ERE, ha señalado este lunes que los funcionarios "desconocíamos que existían este tipo de ayudas".
"Se lo puedo asegurar con total seguridad, los funcionarios desconocíamos que existían este tipo de ayudas. Desconocíamos que existían fondos, que se daba dinero. Entendíamos que los ERE los pagaban las empresas, después nos enteramos de que había subvenciones", ha manifestado Amate en su declaración como testigo este lunes en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas en crisis en los ERE entre 2001 y 2010.
Amate, abogado actualmente en servicio, participó junto a una veintena de funcionarios en la revisión de los expedientes administrativos de ayudas sociolaborales realizada por la Consejería de Empleo tras saltar el caso ERE, principalmente para buscar intrusos en las pólizas de renta colectiva para el pago de las ayudas a beneficiarios.
"Nos dijeron que teníamos que señalar todo en lo que reparamos y nos llamara la atención, sin instrucción concreta alguna", ha afirmado. "Intentamos ordenar la documentación por fecha, pero en algunos casos no teníamos ni resolución de concesión de ayuda, ni solicitud, sólo fotocopias desordenadas", ha indicado, añadiendo que no recordaba que existiera documentación de la fiscalización del gasto, sólo documentos de pólizas y relación de beneficiarios.
Entre los expedientes revisados por él se encontraba el de la empresa Bilore, donde resaltaron "un pago de 550.000 euros a Garrigues por honorarios por asesoramiento porque pareció extraño una minuta a despacho tan abultada". "Nos dijeron que era por asesorar a los directivos que se querían quedar con los activos de la empresa para continuar con la actividad, pero no salió adelante", ha manifestado.
"No éramos fiscalizadores ni interventores, sólo funcionarios y no nos dieron instrucciones", ha respondido para aclarar que no podían comprobar la edad de los trabajadores en algunos casos, al tiempo que ha señalado que estaban "sorprendidos" porque no había documentación y "no sabíamos que analizar".
Amate, como abogado, participó en el expediente de regulación de empleo (ERE) de Surcolor, "y no sabía que existían este tipo de ayudas" --conocidas como de los ERE--. El ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas participó en la tramitación del ERE. El testigo ha explicado que intentó buscar un comprador para la empresa y le ofreció que incluso existía un ERE, pero finalmente rechazó la opción de comprar la empresa. Posteriormente, Amate se enteró que a Surcolor "le habían dado una ayuda".
EXPEDIENTES EN CAJAS DE POLLO
Antes que Amate ha declarado José Francisco de Pablo Doblas, ex jefe de servicio de la Consejería de Empleo y funcionario que también participó en la revisión de expedientes de 2011. "Había una serie de cajas de pollo con la documentación referida a expedientes de ayudas", aunque no considera que fuera expedientes en sí mismo por el "desorden absoluto" de los mismos.
"No echaba en falta nada porque no había visto un expediente de subvenciones en mi vida", ha reconocido el testigo, que ha recordado que su misión era ordenar expediente y cotejar beneficiarios del ERE y de las pólizas, si venía documentación para ello. En la misma línea ha declarado como testigo Ignacio González Vila, funcionario de la Consejería de Empleo, para quien faltaban "piezas claves" en los expedientes, que debían "contener solicitud, expediente administrativo del ERE, resolución de concesión de ayudas,...".
EL CONVENIO MARCO SURGE TRAS LOS REPAROS DE LA INTERVENCIÓN
Por último, Miguel Ten Carot, funcionario y asesor del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, ha declarado que tras los reparos de la Intervención General a algunas ayudas dadas antes de 2001 por incompatibilidades con la normativa europea se decidió en el Gobierno andaluz la firma del convenio marco de julio de 2001 para pagar las ayudas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Ten Carot ha explicado que la Intervención General de la Junta puso reparos a algunas ayudas sociolaborales, como las concedidas a Hijos de Andrés Molina (Hamsa) o Jerez Industrial, porque éstas podrían dañar el principio de libre competencia, entonces, "ante la imposibilidad de seguir tramitando éstas ayudas como excepcionales, hicieron el convenio marco de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo e IFA/IDEA para pagar las ayudas".
El convenio marco, firmado en julio entre el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el viceconsejero del ramo y presidente del IFA, Antonio Fernández, recogía que el ente materializaría el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con fondos del programa presupuestario 31L, que la propia Dirección General allegaría a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación, una herramienta que, a juicio de las acusaciones, permitía eludir la fiscalización previa de las ayudas.
Ten Carot, que había tramitado con anterioridad las ayudas previas a la jubilación concedidas al amparo de la Orden Ministerial de 1994, que pagaban entre el Gobierno y la Junta, ha asegurado que está "seguro" de que fue por los reparos por lo que se firmó el convenio marco. "Ante la imposibilidad de tramitar las ayudas como subvenciones excepcionales se hizo para pagar las ayudas a través de IFA/IDEA".
Sobre la publicación del convenio marco, el testigo ha dicho que los convenios como éste, sin contenido económico, no se publican, "sólo era una delegación de competencias en favor del director general de Trabajo".
Además, ha recordado que el interventor general pidió que se hiciera "una orden reguladora de las ayudas en Andalucía". "Hubo varios intentos pero no sé los motivos por lo que no se hizo", ha manifestado.
Como asesor de Antonio Fernández, ha reconocido que conocía las ayudas sociolaborales, porque recibió un convenio de ayuda "a Heineken o Mercasevilla" para la firma del consejero. "Entonces pedí si tenía informe del gabinete jurídico de la Consejería y no había, avisando entonces a Fernández y "creo que no lo firmó". Sin embargo, en la comisión de revisión de expedientes de ayudas, "vi que se habían concedido muchas ayudas".
"Por la experiencia que tengo, todo lo que firma el consejero debe ir informado por el gabinete jurídico", ha manifestado Ten Carot.
Además, con posterioridad a la firma del convenio marco, preparó un convenio entre el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y una empresa de Jerez para conceder una subvención. "Le dije al jefe de gabinete del consejero que de la forma en la que se hacía no lo veía claro y me dijeron que lo dejara y que lo haría la Dirección General", ha señalado.
Ha dicho que a la llegada de Daniel Rivera a la Dirección General de Trabajo se encontró "un berenjenal grande", explicando que le trasladó a éste que "no hiciera órdenes de pago ninguna", si bien le respondió que tenía encomendado aprobar los pagos, a través de la encomienda de gestión.
A juicio de Ten Carot, las resoluciones de pago, usadas en lugar de los convenios específicos para la concesión de ayudas, "no eran resoluciones en sí, pues no había fiscalización previa y no eran conforme a derecho".
Si bien, ha indicado que existía cierta "inconsciencia" por parte del director general de Trabajo, que aludía a un informe de Garrigues sobre el uso de las resoluciones, estaba "convencido" actuar "conforme a derecho".
