SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las defensas de los 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que están siendo juzgados en la Audiencia Provincial de Sevilla por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos han solicitado al tribunal que no se cite a testigos de esta parte hasta concluir con los de la acusación popular del PP-A, petición que ha sido admitida por la Sala.
La sesión de este miércoles del juicio, la número 85 del mismo, ha comenzado con la renuncia de las defensas de los exconsejeros Alfonso Fernández, Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías al testigo Rafael Navas, ex consejero mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que inicialmente estaba citado para este miércoles.
Tras esta renuncia expresa ha tomado la palabra el abogado del ex director general de Trabajo Juan Márquez para realizar una petición y consideración al tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña. El letrado Manuel Pérez Cuajares ha apuntado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) fija el orden de los testigos de una forma "taxativa" y ha solicitado que hasta que no finalice de declarar el bloque de los testigos de la acusación popular del PP-A no se cite a los testigos de las defensas, evitando que se intercalen éstos.
Pérez Cuajares ha planteado que esto podría suponer una afectación del derecho de defensa de los acusados. Y es que en las últimas sesiones, ante la imposibilidad de contactar con algunos de los testigos propuestos por la acusación del PP-A, el tribunal ha ido citando a testigos propuestos por las defensas.
El tribunal, oída la petición del abogado defensor de Márquez, ha preguntado a las partes. Para la Fiscalía, "no se produce indefensión" para las defensas por intercalar los testigos y ha advertido de que, de atenderse la petición, habría que suspender el juicio hasta localizar a los testigos que aún restan propuestos por el PP-A con el retraso que supondría para la vista oral, que ya ha motivado que se añada una sesión más de tarde. Los abogados del PP-A han mostrado su plena conformidad con lo dicho por el Ministerio Público.
La acusación popular que ejerce Manos Limpias, por su contra, ha apoyado la petición de la defensa de Juan Márquez para llevar a cabo la testifical "por bloques de testigos y no salpicada".
El resto de abogados de las defensas se han adherido a la propuesta planteada por el letrado Pérez Cuajares. En algunos casos, incluso, añadiendo más motivos. Así, Encarnación Molino, abogada del exconsejero Francisco Vallejo, ha señalado que la indefensión se produce porque si se intercalan testigos ellos no podrán "contradecir" a los testigos de la acusación. "Es importante el orden", ha añadido.
Por su parte, el abogado Luis Aparicio ha planteado, como alternativa, que el PP-A "renuncie a la práctica de la prueba" de testigos "que nada aportan nuevo a los hechos que se investigan", pues quedan "diez funcionarios" de la Consejería de Empleo que revisaron en 2011 los expedientes de ayudas sociolabolares, como otros tantos que ya han pasado por el juicio para prestar declaración, y "no tienen relación con los hechos investigados".
A este respecto, el abogado del PP-A Luis García Navarro ha aclarado que "no todos los que faltan por su parte son funcionarios" y, por supuesto, que "no es capaz de adivinar lo que van a decir los testigos".
Por último, el abogado de Jacinto Cañete, ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Juan Carlos Alférez, además de la indefensión, ha indicado que si la acusación no localiza a los testigos que faltan por su parte, pues que se tengan por renunciados.
Tras un receso de más de media hora para deliberar, el tribunal ha atendido la petición de las defensas, por lo que ha citado para este miércoles a tres de los testigos solicitados por el PP-A y los ocho restantes serán citados para el próximo lunes, precisando que la sesión de tarde de este miércoles que se "pierde se recuperará la próxima semana con una sesión de tarde adicional".
"NO LO RECUERDO"
Una vez reanudada la sesión han comenzado las declaraciones de tres funcionarias de la Consejería de Empleo que en 2011, tras saltar a la luz pública el caso ERE y con el inicio de la instrucción del mismo, fueron requeridos por la Viceconsejería, con Justo Mañas como titular de la misma entonces, para comprobar la presencia de 'intrusos' en las pólizas de renta colectiva financiadas por la Junta para el pago de las ayudas sociolaborales a prejubilados afectados por un ERE.
"No lo recuerdo" ha sido la respuesta más repetida por las tres testigos, María Ángeles García Ortega, Milagrosa Ostos Molina y Silvia Barrera Menéndez, licenciadas en derecho. La primera ha señalado que la finalidad era ver "si había algún tipo de irregularidad" en los expedientes revisados.
García Ortega ha señalado que ellos "no completaron" los expedientes con los documentos que podían faltar, sino que se limitaban a recoger en los informes que tenían que elaborar lo que había en aquellas cajas, que no considera expedientes administrativos. El objetivo, según ha precisado, era "aclarar los benficiarios, si cumplían los requisitos y si trabajaban en la empresa", aunque no ha sabido aclarar qué requisitos eran.
Sobre la documentación existente ha dicho que era distinta en cada expediente y variada, principalmente documentos que "hacían referencia a pólizas y relación de trabajadores".
Al respecto a la presencia de intrusos entre los beneficiarios, la testigo ha señalado que en Hitemasa vio "personas que no estaban en la empresa".
La funcionaria ha recordado que le llamaba la atención que "veía más información en la prensa aquellos días de lo que ella se encontraba en los expedientes". "Me sorprendía bastante", ha añadido.
"Desconozco cómo y para qué se daban las ayudas, sólo poníamos en los informes lo que había en las cajas de documentos", informes que ha ratificado en su totalidad.
Por su parte, Silvia Barrera, entre las pocas respuestas que ha dado, ha señalado que "si en el informe no viene los motivos por lo que 22 trabajadores beneficiarios no estaban en el ERE de una empresa es porque no encontramos datos", como tampoco lo tuvieron de una subvención excepcional de 600.000 euros para gastos de personal de extrabajadores de Santana y que, según la acusación del PP-A, podría ser para la mediadora Uniter.
