Ex directores generales en Empleo señalan que "no daban cuenta de ayudas concretas" a sus superiores

Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo, llega al juicio ERE
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Actualizado: martes, 17 julio 2018 14:23

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares entre los años 2001 y 2010 ha contado este martes con las testificales de dos ex directores generales de la Consejería de Empleo, quienes han coincidido en señalar que "no daban cuenta de ayudas concretas" a sus superiores, en este caso, al consejo de dirección de la propia Consejería, en la que participan, entre otros, consejero y viceconsejero del ramo.

Fernando Toscano Sánchez, hermano del alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, y del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, fue director general de Economía Social --apoyo al sector cooperativo y a economía social-- entre los años 2000 y 2005, siendo consejero de Empleo José Antonio Viera y de Innovación, Ciencia y Empresa, a la que pasó la Dirección General en 2004, Francisco Vallejo, ambos acusados en este juicio.

Toscano ha defendido su "plena autonomía" en el funcionamiento de la Dirección General, siendo él responsable de sus competencias y quien decidía los instrumentos para desarrollar el programa de gobierno.

Asimismo, ha añadido que la normativa que se entendía necesaria para ejecutar los presupuestos también la decidía la Dirección General, aunque tuviera que ser firmada la autoridad competente, ya fuera el consejero o el Consejo de Gobierno. "La competencia en la gestión presupuestaria está toda delegada en los directores generales", ha afirmado Toscano.

Esther Azorit, directora general de Seguridad y Salud Laboral entre 2004 y 2012, también ha declarado como testigo este martes y ha explicado que la elaboración de normas era de su competencia "bajo supervisión de órganos superiores", aunque después ha precisado que al consejero y viceconsejero correspondía el impulso político y la coordinación de la Consejería. "Somos independientes y autónomos en nuestros competencias", ha resaltado.

"NI GUERRERO NI NINGÚN DIRECTOR GENERAL INFORMABA"

Como director general Toscano, que también concedía ayudas, participaba en los consejos de dirección de la Consejería, junto a consejero, viceconsejeros y otros altos cargos de la misma, entre ellos Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo. "No decíamos nombres y apellidos a la empresas a las que dábamos ayuda", ha asegurado. "Ni Guerrero ni ningún director general informaba de ayudas concretas", ha insistido.

"Que hubiera podido expresar la situación de conflictos laborales, como el sector minero de Huelva, puede ser, pero de forma genérica", ha señalado con respecto a Guerrero. "En absoluto, no era necesario informar de las ayudas a empresas --por parte de Guerrero--, teníamos plena autonomía y trabajamos en un ámbito de confianza y en que lo que se hacía se hacía correctamente. No había que dar cuenta a los consejeros. A mí nunca un consejero me ha pedido dar cuenta de una ayuda que haya dado", ha expresado.

En similares términos se ha expresado Esther Azorit, quien ha explicado que en el consejo de dirección los directores generales informaban de las líneas generales de su ámbito de competencia, "sin entrar en detalles", no exponiendo de forma concreta la concesión de ayudas o decisiones. "No recuerdo que Guerrero informará de esas cuestiones --concesión de ayudas de los ERE--", ha añadido.

Ambos han coincidido, además, en que la existencia de un programa presupuestario, en este caso el 31L, para ayuda sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis de la Dirección General de Trabajo era "de conocimiento de los que estábamos allí, conocíamos que las daba la Dirección General y las pagaba el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía". Aunque han aclarado que el procedimiento de concesión con detalles no lo conocían.

EL 31L, "CONOCIDO POR TODOS LOS AGENTES SOCIALES"

El programa de ayudas de la Dirección General de Trabajo, según Toscano, "era totalmente conocido por todos los agentes sociales, que eran interlocutores del Gobierno".

Según Toscano, "cada Dirección General era responsable de utilizar los instrumentos que consideraba adecuados para la ejecución de su presupuestos", en relación al uso de las transferencias de financiación de la Dirección General de Trabajo para allegar fondos del 31L a IFA/IDEA, en virtud del convenio marco firmado entre Empleo y el ente en julio de 2001, para pagar las ayudas investigadas. Herramienta que, según las acusaciones, permitía eludir la fiscalización de las mismas.

"No ha habido la más mínima sospecha de ese programa, el 31L, ni de ningún otro", ha afirmado Toscano, que ha negado que existiera "comentario por eventuales irregularidades" en el citado programa: "Nunca, ni de dentro ni de fuera lo percibí". "Nada extraño", ha afirmado Azorit al respecto de este programa.

En materia presupuestaria, Toscano ha señalado que, con los datos facilitados por los distintos centros directivos, la Secretaría General Técnica elaboraba los presupuestos de la Consejería, precisando que los directores generales, en materia normativa, "no actuaban con libre albedrío, sino dentro de un programa de gobierno".

La decisión normativa, según ha reiterado, corresponde al director general, así como su tramitación. Una vez que contaba con todos los informes preceptivos, había un protocolo de firma. Así, tras la firma del director general, del secretario general técnico si contaba con contenido económico y del visto bueno del viceconsejero, se mandaba la orden "sin tripas" (sin informes) al consejero para su firma, quien era un "político cien por cien, no un técnico".

"Al consejero no llegaba el expediente administrativo", ha aclarado.

Toscano ha asegurado que "nunca" le ha dado una instrucción para solucionar de alguna manera u otra un asunto, "ni he visto darlo a otro director general", aunque "sí" se interesaban por algunos temas.

Preguntado por las ayudas concedidas por su Dirección General, Toscano ha explicado que todas las concedidas estaban regladas por decreto u orden, aprobados por el consejero o Consejo de Gobierno, aunque ha precisado que los consejeros no entraban en la norma ni en su literatura.

Toscano, que ha admitido conocer el convenio marco de 2001, ha señalado que su centro directivo concedía ayudas similares a cooperativas a través de un convenio con IFA, a quien pasaba todos los fondos de esa partida y el ente gestionaba la concesión y el pago. "Eran ayudas regladas con una orden y después un decreto", ha añadido.

"Yo no tenía un convenio de canalización de ayudas sin cobertura de orden o decreto", ha indicado.

Para dar una subvención era necesaria una orden reguladora, que firmaba el consejero y en la que se delegaba al director general las competencias, ha precisado. "Las excepcionales eran competencia del consejero, salvo que estuviera delegada la competencia. En teoría las resolvía el consejero, pero en la práctica las gestionaba y resolvía el director general y las firmaba el consejero", ha añadido.

La sesión de este martes la ha abierto Francisco Javier Romero Álvarez, consejero de la Cámara de Cuentas entre 1996 y 2004, quien ha manifestado que no recuerda "ni siquiera" el programa 31L.

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