De otro lado, el ex director general de Presupuestos señala que la finalidad de los fondos de los ERE era "clara y meridiana"
SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
José Antonio Víboras, letrado mayor del Parlamento de Andalucía desde 1994 hasta 2015, ha señalado que los diputados de la Cámara estaban "en condiciones de conocer el contenido y alcance de cualquier" programa de la Ley de Presupuestos, entre ellos, el 31L de ayudas socio laborales y a empresas en crisis.
Víboras ha declarado este lunes en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas socio laborales a trabajadores y a empresas en crisis en los ERE irregulares.
Para Víboras, los parlamentarios estaban "suficientemente asesorado" para tomar decisiones de forma responsable y "están en condiciones para conocer el destino y el crédito del programa 31L", rechazando que pudieran ser "engañados" a este respecto.
Víboras ha aclarado que la Ley de Presupuestos es "lo que debate y vota, sólo el texto articulado y el estado de gastos", competencia exclusiva de la Cámara, mientras la ejecución es del Gobierno. "Ni el estado de ingreso (una previsión), ni la memoria ni el informe económico financiero se aprueban", ha añadido.
Sobre las transferencias de financiación, herramientas usadas por la Dirección General de Trabajo para allegar fondos del 31L al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para el pago de las ayudas, ha explicado que son un traslado de crédito de un ente a otro. Para Víboras, estas transferencias, las del 31L, eran "para eso --pago de ayudas-- y no para otro cosa, para eso lo habilita el Parlamento".
No obstante, ha precisado que las transferencias del 31L "no queda lo suficientemente especificado el destino" en lo que aprueba el Parlamento, sino que "habría que acudir a la memoria, que tiene un valor interpretativo". En la ficha del programa tampoco es un elemento "suficiente" para determinar el fin de las transferencias.
"Podría aplicarlo a otra cosa, pero sería un delito", ha afirmado. "Cuando los fondos se destinan a otra finalidad se comete delito, no actuaría de forma correcta", ha insistido. En este sentido, ha manifestado que le parece "temerario" considerar "inadecuado" el uso de las transferencias para el pago de las ayudas si el Parlamento la aprueba para ese fin y "es Ley".
En este sentido, ha explicado que ocurre "con frecuencia" que la Ley de Presupuestos, con vigencia anula, es una "excepción" a la norma general sobre el uso de las transferencias, pero no es una contradicción, aunque lo que vale es la Ley de Presupuestos. Si bien, ha señalado que no existía una regulación como tal de esta herramienta de presupuestación en la Ley de Hacienda Pública.
Ha defendido la "inviolabilidad parlamentaria" de los diputados y ha indicado que la habilitación de un crédito "no es una conducta responsable penalmente" del Parlamento, sino que la responsabilidad está en la ejecución del Gobierno.
EL PP-A PRESENTÓ ENMIENDAS PARA SUPRIMIR LAS TRANSFERENCIAS
A preguntas de la acusación del PP-A, Víboras ha confirmado que el Grupo Parlamentario Popular presentó enmiendas para suprimir las transferencias de financiación porque dificultaba el control del gasto, así como que el Consejo Consultivo se quejaba que sólo le remitían el texto articulado y la memoria para su informe del anteproyecto de Presupuestos, lo que era "un informe parcial".
Tras la declaración de Víboras, ha sido el turno de testificar de María Auxiliadora Martínez, jefa de Secretaría con Griñán como consejero de Hacienda entre 2004 y 2009 y al que siguió en la Presidencia de la Junta, como jefa de la Oficina del Presidente. Actualmente es jefa de la Oficina de la Presidencia, con Susana Díaz al frente del Ejecutivo andaluz.
Como secretaria de Griñán como consejero de Hacienda ha señalado que no recibía documentación de la Intervención General, aunque supone que "algo habría", y por parte de la Viceconsejería "todavía menos".
Cabe recordar que, según normativa, los informes anuales de Control Financiero Permanente de la Intervención a la IFA/IDEA eran enviados al ente auditado y a los titulares de la Consejería de adscripción y de la Consejería de Hacienda. Estos informes, según ha afirmado, por la Secretaría "no pasó, no ha pasado". El Presupuesto de la Junta "era lo más voluminoso".
Martínez, que ha negado que haya sido militante del PSOE, ha dicho desconocer qué criterio existía para informar a Griñán como presidente sobre unos asuntos y otros no.
El último testigo de este lunes, ya en la sesión de tarde, ha sido Buenaventura Aguilera, quien fuera director general de Presupuestos de la Junta entre 2009 y 2012, y que fue excluido de esta pieza política de los ERE por el juez instructor Álvaro Martín. Precisamente, Aguilera fue el sucesor en el cargo de Antonio Lozano, quien sí está siendo juzgado por el procedimiento específico de concesión de ayudas.
Aguilera, que actualmente sigue trabajando en la Consejería de Economía de la Junta, ha manifestado que el destino de las transferencias de financiación del programa 31L para el pago de ayudas sociolaborales y a empresas no presenta dudas, "la finalidad del crédito era clara y meridiana". "La Ley --de Presupuestos-- lo dice así", ha añadido.
EL ÓRGANO GESTOR TIENE QUE SOMETER A FISCALIZACIÓN TODA SUBVENCIÓN
El ex director general de Presupuestos, testigo a propuesta de la defensa de Lozano, que ejerce el abogado José María Mohedano, ha afirmado que "en absoluto" le llamó la atención que IFA/IDEA recibiera financiación para pagar ayudas, porque este ente tiene en sus estatutos recogida la posibilidad de concesión de ayudas para el fomento de la actividad económica. "Nos hubiera extrañado que un hospital recibiera una transferencia para una ayuda sociolaboral", ha comparado.
A juicio del ex director general de Presupuestos, excluido de este procedimiento por el juez instructor, el uso de la encomienda de gestión en lugar de las transferencias de financiación en 2010 no supuso "modificaciones" en fiscalización o presupuestación del sistema de concesión de ayudas, pues "no hubo cambios sustantivos en la fiscalización", ya que "según tiene entendido no hubo fiscalización previa".
A este respecto, que el uso de las transferencias de financiación no impide la fiscalización previa, ya que el órgano gestor tiene que someter a fiscalización previa toda subvención, como las ayudas de los ERE, independientemente que sea financiada con transferencias o encomienda de gestión.
Por último, ha señalado que en la Dirección General de Presupuestos "no teníamos indicios de que se estuviera haciendo algo irregular" con el uso de las transferencias de financiación, apuntando que no hay una opinión jurídica unánime sobre el uso de las mismas.
