SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
Luis Hinojosa Gómez, interventor adjunto a la Intervención General de la Junta en materia de fiscalización y coordinación desde el año 2000 y 2016, ha declarado este miércoles que el sistema de concesión y pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre los años 2001 y 2010 fue "absolutamente irregular" y ha manifestado que los titulares de la Consejería de Empleo pudieron "revertir la situación".
Hinojosa, que actualmente sigue ejerciendo como interventor, ha comparecido este miércoles como testigo, a propuesta de la defensa del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes del Gobierno andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los ERE desde 2001 hasta 2010.
Cabe recordar que en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Dirección de General de Trabajo, a través del programa presupuestario 31L de ayudas sociolaborales, allegaría fondos a través de transferencias de financiación a IFA/IDEA para que este ente instrumental materializara el pago de las citadas ayudas concedidas por la propia Dirección General. Este sistema, según las acusaciones, permitió eludir la fiscalización previa las subvenciones concedidas.
El testigo ha manifestado durante el interrogatorio que "lo que se dio aquí --en relación al sistema de concesión de ayudas-- fue absolutamente irregular, pues se usaba una transferencia de financiación para financiar la actividad propia de IDEA pero para pagar una subvención concedida por la Consejería".
El que fuera interventor adjunto ha explicado que las ayudas concedidas "categóricamente no" pudieron ser fiscalizadas previamente por el interventor delegado en Empleo sin un expediente de gasto con una propuesta de documento contable, para que el interventor constate que existe crédito suficiente y es adecuado. "Una fiscalización previa sin propuesta de documento contable podemos tacharla de irregular", ha señalado.
Hinojosa ha explicado, en reiteradas ocasiones, que una vez que se había realizado la fiscalización previa de la transferencia de financiación usada para pagar las ayudas es "imposible" fiscalizar el expediente de gasto de la concesión de la ayuda en sí, pues "ya el crédito se ha ejecutado y agotado" (con la transferencia de financiación), por todo ello se ha mostrado contrario a las tesis de algunos testigos y defendidas por algunos letrados de los acusados de la posibilidad de doble fiscalización, de la concesión de la ayuda y de la transferencia.
En este sentido y preguntado por el abogado de Manuel Gómez, ha señalado que los titulares de la Consejería de Empleo, encontrándose en esta causa procesados José Antonio Viera y Antonio Fernández, tenían competencias para poder "revertir" la situación ante las advertencias que desde la Intervención General se estaban exponiendo por la ausencia de fiscalización previa de las ayudas.
A este respecto, el letrado ha preguntado a Hinojosa si el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, a la que estaba adscrita desde 2004 IDEA, podía suspender los pagos para evitar esta situación. "No tengo la normativa en la cabeza, pero supongo que sí", ha respondido en un primer lugar, si bien, posteriormente y a preguntas de la abogada del exconsejero del ramo Francisco Vallejo, ha precisado que éste no tenía competencias para dejar sin efecto una orden de pago de otra Consejería --en este caso de la Dirección General de Trabajo--. "Me niego a pensar que un órgano tiene facultad de suspensión sobre otro", ha añadido.
Igualmente, ha asegurado que la Intervención General no tiene competencias para ordenar a la Dirección General de Trabajo y a IFA/IDEA suspender la concesión y pago de las ayudas, siendo la única posibilidad de suspender que tiene a través de una nota de reparo.
En este sentido, Hinojosa, que ha aclarado que nunca ha desarrollado tareas en el Control Financiero Permanente --sistema de control en IFA/IDEA--, ha indicado que si el interventor delegado en Empleo hubiese emitido reparo sobre el expediente de la transferencia de financiación hubiera afectado al pago de las ayudas pero no a la concesión de las mismas, pues, desde su punto de vista, la concesión estaba "fuera del procedimiento de gasto público".
"Cuando se repara una actuación tiene efectos sobre este expediente, en este caso sobre la transferencia de financiación, pero no sobre la concesión", ha reiterado.
No obstante, ha indicado que el interventor delegado no emitió reparo sobre el expediente de gasto de las transferencias porque éste era el propio de una transferencia y con la documentación correspondiente, era "propicio" para fiscalizar de conformidad. "No sé dónde se acredita que iba destinada a la concesión de ayudas. Además el destino final del crédito es ámbito de control del Control Financiero Permanente de IFA/IDEA", puntualiza.
A este respecto, ha asegurado que existe la obligación del gestor y del interventor de fiscalizar todo expediente que genere un gasto para la Hacienda Pública, pero "si el gestor no somete a fiscalización el expediente al interventor, éste difícilmente puede hacerlo". "¿Qué expediente se le tramita a un interventor para fiscalizar una subvención, qué propuesta contable le lleva?", ha preguntado el testigo en referencia a quienes defienden la doble fiscalización. "Es imposible porque ya hay un crédito ejecutado".
Además de Hinojosa, este miércoles han comparecido Jesús Nieto, director general de Industrias, Energía y Minas, dependiente de la Consejería de Empleo, entre 2000 y 2004 y vocal del Consejo Rector de IFA; Eduardo Segura, jefe de servicio de Presupuestos de la Secretaría General Técnica desde 2005 hasta 2009, y su sucesora, Isabel Carrillo.
"VENGO A DECIR LA VERDAD Y ENTIENDO QUE PUEDE BENEFICIAR A LOURDES MEDINA"
Segura ha explicado que, a su juicio, si hay un expediente gasto de ayuda sin gasto "porque no lo paga" la Dirección General de Trabajo no existe documento contable y no se puede fiscalizar por el interventor delegado. Sobre la finalidad de las transferencias del programa 31L, ha indicado que en la memoria del programa se puede "traslucir" que puede ser para ayudas sociolaborales.
Este testigo, quien coincidió en la Secretaría General Técnica con Lourdes Medina, procesada en este juicio, ha ratificado su declaración como testigo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en 2015, en la que, según ha expuesto la acusación del PP-A, afirmó que quería beneficiar a la ex secretaria general técnica. "Vengo a decir la verdad y entiendo que puede beneficiar a Medina", ha afirmado.
El tribunal, a la finalización de la sesión de este miércoles, ha aclarado algunas propuestas planteadas por las partes. Así, el próximo martes, tras concluir la fase testifical el día antes con la declaración de Antonio Toro, ex director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y la audición de la declaración Margarita Regli en instrucción, dará comienzo la fase pericial, prueba que se realizará de forma conjunta y donde los peritos, interrogados por Fiscal, acusaciones y defensas, podrán intervenir cuando lo consideren oportuno para replicar las opiniones de los otros.
Ha desestimado, no obstante, que los peritos firmantes de los informes propuestos por las partes puedan asistir a las sesiones de forma individual. Del mismo modo, el tribunal ha rechazado añadir una sesión más semanal pues "no hay retraso que lo justifique", si bien, estudiará la propuesta de cambiar la sesión de tarde del miércoles por la tarde del lunes o martes.
