SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, han abordado este viernes las demandas de las entidades locales en cuanto a la necesidad de la flexibilización de la regla de gasto y la aplicación del superávit.
En la reunión, a la que ha asistido también la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Esther Gil, tanto el consejero como el presidente de la FAMP han defendido la conveniencia de reformar la normas de estabilidad, voluntad manifestada por el Gobierno central, ante el "ejercicio de responsabilidad" que han hecho los ayuntamientos y las comunidades autónomas para que se cumplan los objetivos de déficit.
En opinión de Rodríguez Villalobos, "las corporaciones locales quieren recuperar techo competencial y el que los alcaldes, así como los responsables de las diputaciones, puedan atender con eficiencia a los vecinos en sus necesidades y solicitudes y ampliar su carta de servicios públicos, va a redundar en bienestar para la ciudadanía andaluza y en calidad democrática".
Por su parte, el consejero ha recordado que todas las administraciones "son Estado" y que para ejercer sus competencias "se necesita estar bien financiados". "Las reglas de estabilidad se han quedado obsoletas y son un encorsetamiento", ha remarcado Arellano.
En este sentido, el presidente de la FAMP ha incidido en que las entidades locales llevan años reclamando una reforma de las normas de estabilidad vigentes desde el año 2012, una postura respaldada también por la Junta. "Contemplamos con optimismo la intención anunciada por el Gobierno de la Nación de actuar en este sentido", ha añadido Villalobos.
Ambos responsables políticos han coincidido también en la necesidad de contar con normas de estabilidad actualizadas, tal como informa la Diputación de Sevilla en un comunicado.
"Es esencial que trabajemos en dotar de mayor transparencia a la regla de gasto impuesta a los entes locales, modificando su cálculo en función de lo presupuestado y no de lo liquidado, sin que computen los gastos asumidos por norma legal y que se permita, a las corporaciones cumplidoras de la estabilidad, un nivel de gastos acorde a sus presupuestos", según señala Villalobos.
Tanto el consejero como el presidente de la FAMP han recordado que las corporaciones locales "han cumplido, también en 2017", con el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado por el Gobierno, que era de equilibrio, así como con los de la regla de gasto y de deuda pública, fijado en el 2,9 por ciento.
En 2017, el superávit del conjunto de las entidades locales ha sido de 6.812 millones, el 0,59 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), con un incremento del gasto computable del 0,6 por ciento. La deuda pública se sitúa en el 2,5 por ciento del PIB, mientras que la deuda viva asciende a 28.956 millones, de los que 23.723 millones corresponden a ayuntamientos, 4.971 millones a diputaciones, consejos y cabildos insulares y 262 millones a mancomunidades y entidades locales autónomas.
