SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha acordado este martes manifestar su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario del PP-A relativa a las medidas tributarias en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno el portavoz, Juan Carlos Blanco, esta propuesta, que básicamente consiste en la variación de los tipos impositivos y en la modificación y creación de deducciones y beneficios fiscales, "es prácticamente idéntica a otras dos sobre las que el Consejo ya manifestó su criterio negativo en 2015 y 2017, con la única novedad del cambio en la fecha de entrada en vigor para evitar el veto del Gobierno andaluz".
Por tanto, el Ejecutivo de Susana Díaz considera que "siguen vigentes los argumentos que entonces basaron su oposición a la toma en consideración".
La proposición de ley incluye desde ampliaciones genéricas de los límites de bases imponibles hasta gastos deducibles por adquisiciones de acciones para ampliación de capital de sociedades anónimas que podrían cotizar en Bolsa y responder a inversiones puramente especulativas.
Asimismo, Blanco ha explicado que relaciona la reducción de impuestos directos con un incremento de la recaudación, "una premisa que el Consejo considera que no soporta el más mínimo análisis empírico y está desmentido por la práctica totalidad de la evidencia internacional", al igual que sucede con el pretendido impulso que una rebaja del IRPF generaría sobre el consumo y la creación de empleo.
El Ejecutivo andaluz señala que la memoria económica del texto presentado "no recoge ni el impacto financiero de cada medida ni el número de obligados tributarios que estarían afectados".
Asimismo, considera que este texto debería plantearse en el marco del debate parlamentario del proyecto de Ley del Presupuesto para 2019, dado que es la norma que incluye la totalidad de los ingresos y gastos de la Junta de Andalucía y de sus organismos públicos, así como el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos propios.
En relación con la pretensión de elevar todas las deducciones existentes y crear otras nuevas, el Consejo de Gobierno señala que "no se pueden dar por buenas las ampliaciones genéricas propuestas a los límites de bases imponibles de 35.000 y 60.000 euros según sea tributación individual o conjunta, cuando en la comunidad la media es de 17.472,31 euros en la primera y de 20.182,67 en la segunda". "Los límites actuales, de 19.000 y 24.000 euros, respectivamente, se ajustan al objetivo de beneficiar al contribuyente medio andaluz", añade.
Finalmente, el Gobierno andaluz ha hecho hincapié en que durante esta legislatura "se han puesto en marcha medidas fiscales que favorecen a las rentas medias y trabajadoras sin poner en riesgo la prestación de servicios públicos fundamentales ni el cumplimiento de los objetivos de déficit".
Entre estas iniciativas ha destacado la reforma del Impuesto de Sucesiones, que rebaja la carga tributaria de las herencias, "reforzando su progresividad y equidad". Así, el mínimo exento de tributación para las herencias de parientes directos se sitúa desde este año en un millón de euros. También se aplica una reducción automática del 99 por ciento en herencias o donaciones de explotaciones agrarias, "con el fin de facilitar el relevo generacional en este sector clave de la economía regional".
El reglamento de la Cámara andaluza establece que el Consejo de Gobierno debe manifestar su criterio respecto a la toma en consideración y a la tramitación de una proposición de ley si implica un aumento de créditos o una disminución de ingresos presupuestarios.
