Pide más recursos al Gobierno y la UE para que Andalucía atienda llegada de inmigrantes, sobre todo, de menores no acompañados
SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que desde este miércoles se encuentra en funciones por haber cumplido su mandato de cinco años, ha expresado ante el Pleno del Parlamento que hasta que la Cámara y los diputados lo deseen, pueden contar con su "compromiso, entrega y absoluta dedicación al cargo".
Con motivo de su comparecencia ante el Pleno del Parlamento para dar cuenta del Informe Anual 2017 de la institución, Maeztu se ha referido al cumplimiento de su mandato y ha querido agradecer a los diputados el respeto a la institución y a su persona, apuntando que ha podido ejercer su labor con "total libertad y sin ninguna interferencia".
"Para mí supone un honor ser el Defensor de los andaluces y andaluzas", ha indicado Jesús Maeztu. Ha confiado en que el trabajo que ha desarrollado estos años sea una "aportación valiosa" para el trabajo de los diputados, en beneficio de la ciudadanía y, concretamente, de las miles de personas que se dirigen cada año al Defensor del Pueblo Andaluz.
"Hasta que este Parlamento y sus señorías lo deseen,
pueden contar con mi compromiso y entrega y mi absoluta dedicación", ha señalado.
Durante su intervención, el Defensor del Pueblo ha querido hacer referencia al drama de la inmigración y de los refugiados que se vive en Europa y ha reclamado más recursos del Gobierno central y de la Unión Europea para que Andalucía pueda atender la llegada masiva de inmigrantes a sus costas, acentuada con la llegada de las altas temperaturas. Ha mostrado su especial preocupación por la atención a los menores no acompañados.
Ha señalado que las emigraciones de personas son uno de los grandes desafíos del futuro y ha apuntado que la muerte que se producen de miles de emigrantes, muchas de ellas junto a las costas de Andalucía, ponen en cuestión nuestro propio estado de derecho.
Ha alertado de que no hay recursos suficientes para atender la afluencia masiva de inmigrantes en Andalucía y, por ello, ha reclamado más recursos del Estado y de la Unión Europea.
CONTENIDO DEL INFORME
Según se recoge en el informe anual, un total de 170.872 personas solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo andaluz en 2017 en defensa de sus derechos y libertades, ante lo que consideraban una irregularidad o una mala gestión en las actuaciones de las administraciones públicas.
El Defensor ha señalado que de las 6.792 quejas nuevas (6.624 a instancia de parte y 168 de oficio) que se registraron en 2017, un total de 2.760 (el 40,6%) afectaban a la Junta de Andalucía. Las consejerías de Educación (770), Igualdad y Políticas Sociales (723), Salud (419) y Fomento y Vivienda (419) fueron las más afectadas. De otro lado, las quejas recibidas fueron dirigidas en 1.969 casos (el 28,8%) a los entes locales: ayuntamientos y diputaciones. El resto afectaron a Administración del Estado, empresas prestadoras de interés general, órganos judiciales o universidades, entre otras.
A las quejas nuevas se sumó la tramitación de otras más de 3.000 procedentes de años anteriores, hasta un total de 9.815. Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz atendió 10.378 consultas y realizó 675 actividades de promoción de derechos, con un balance global de 20.868 actuaciones. Un año más, la actuación del Defensor del Pueblo andaluz estuvo caracterizada por materias que afectan al Estado de Bienestar, que coparon el 54% de las actuaciones.
El mayor número de quejas gestionadas en 2017 estuvieron relacionadas con el personal del sector público (1.272 quejas); la vivienda (1.061 quejas); la educación (968 quejas); los menores (878 quejas) y el medio ambiente (632 quejas). Asimismo, las materias que más crecieron fueron igualdad de género (105%); Obras públicas y expropiaciones (32,4%); Dependencia (22,9%) y Consumo (21,9%).
El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado que del total de las quejas gestionadas en 2017, 6.493 expedientes (66%) se cerraron y otro 34% está pendiente. De los 3.305 casos admitidos a trámite y cerrados en este ejercicio, en 2.008 se ha detectado que existe irregularidad de la Administración. De ellos, en 1.899 de los casos, un 94%, las administraciones han aceptado nuestra actuación y el Defensor del Pueblo andaluz ha logrado que el asunto se haya solucionado o se encuentre en vías de solución.
LOS GRUPOS RECONOCEN EL TRABAJO DEL DEFENSOR
La diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha abierto el turno de los grupos transmitiendo el reconocimiento de su formación a Maeztu por su intervención, y señalando que el Defensor ahora en funciones tiene "una impronta que es la mediación, el diálogo y el acuerdo". Ha valorado además que la Defensoría "sea útil a la ciudadanía", y ha considerado que el informe de esta oficina "demuestra que en Andalucía tenemos una buena salud democrática". En esa línea, ha apuntado que desde el Grupo Socialista se "felicitan del resultado positivo de las quejas y denuncias" recibidas por la institución y, por tanto, de la "utilidad" de la misma.
Por el PP-A, Rosalía Espinosa ha puesto en valor el trabajo realizado por la Oficina del Defensor, si bien ha lamentado que sus actuaciones hayan tardado en llegar a la Cámara autonómica casi seis meses, lo que a su juicio denota "cierta desidia" y "recorta las capacidades del Parlamento para estudiar estos problemas y proponer soluciones". En cuanto al contenido, ha lamentado que "nada cambia" año tras año, pues "son los mismos problemas", donde destaca la importancia de la crisis y la desigualdad, frente a un Gobierno andaluz que "no se compromete a nada".
Lucía Ayala, en representación de Podemos, ha dedicado palabras de agradecimiento al Defensor, y ha llamado la atención sobre la falta de respuesta de algunas administraciones a determinados requerimientos de la institución, algo que, según ha explicado, se recoge en el informe que ha resumido Maeztu. Igualmente, ha aludido en su intervención a cuestiones "relevantes" como la "exclusión financiera" de ciudadanos por el cierre de sucursales bancarias en pueblos, los "problemas" que "persisten" en materia de dependencia, o los asuntos relacionados con el ámbito educativo, cuyo tratamiento por parte de esta institución ha valorado.
Isabel Albás, de Cs, ha agradecido la labor de Maeztu y ha dicho que cuenta con la confianza de su grupo porque es "la persona adecuada para seguir realizando esta labor como Defensor". Así, ha llamado a que termine la interinidad en la que están inmersos los órganos de extracción parlamentaria --desde hoy el Defensor pero también la RTVA, el CCA y la Cámara de Cuentas--, y ha propuesto eliminar las tres adjuntías que forman parte del mismo, así como ha anunciado que Cs retira su enmienda a la ley de la violencia de género por la que pedían una adjuntía más dependiente del Defensor.
Finalmente, en nombre de IULV-CA la diputada Inmaculada Nieto ha felicitado a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz por su trabajo y su "trayectoria impecable", y ha dedicado su intervención, al hilo del informe de dicha institución, a comentar cuestiones como el "desafío" de la inmigración, la violencia de género o el "drama" que se vive entre personas en alquiler por el alza de los precios de dichos arrendamientos, y en esa línea ha advertido de que "el problema de la vivienda sigue siendo uno de los fundamentales" y "la mercantilización de la vivienda no nos ha abandonado".
