SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
Juan Ramallo, perito de parte propuesto por la defensa de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, ha señalado este lunes en el juicio de la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que "debió haber autorización y consentimiento" de la Intervención General de la Junta en la concesión de las subvenciones de objeto "pintoresco", como así las ha calificado Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos judiciales de la Intervención General del Estado (IGAE).
En concreto, Turrión, como ya hiciera en la sesión de tarde del pasado miércoles, ha explicado que de las 270 ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo, un 70 por ciento eran ayudas a empresas que no tenían relación alguna con la tramitación de un ERE o plan de jubilación y que tienen "un objeto dispar, cuando no pintoresco".
Así, Turrión ha expuestos diferentes objetos de estas ayudas como "el pago para las fiestas de ayuntamientos, una subvención a una fundación para impartir un curso a personal de alta dirección de la Junta, una ayuda a la Universidad de Sevilla para un máster de dirección de organización sin ánimo de lucro, una ayuda de más de dos millones para gratificaciones al equipo directivo de Santana Motor, subvenciones para el pago de nóminas atrasadas a la empresa Antonio Gálvez Peluqueros y en otros 53 casos, el pago de eventos de ayuntamientos como ferias de artesanía o de muestras, ayudas para la construcción de un complejo ecuestre cuya inversión fue menor de los fondos concedidos, o para la construcción de una granja de pollo o de un alojamiento rural que nunca se realizaron, o las ayudas al exchófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
Además, ha añadido las ayudas de 2,4 millones para financiar el aumento salarial de los trabajadores de la limpieza de la provincia de Granada, ayudas para salvaguardar el patrimonio de los socios de Packsur, subvenciones para minutos de asesoramiento, el pago para el traslado de sede de una empresa, para la devolución de préstamos o el pago de intereses de demora, "sin olvidar las numerosas ayudas que no tuvieron objeto concreto, sino que se dieron porque sí, asemejándose más a una liberalidad que a una ayuda".
También ha apuntado ayudas para el mantenimiento de los trabajadores de una empresa sin que ésta tuviera tales trabajadores. "Hay un nutrido grupo de ayudas de todo tipo que no cuadran con subvenciones reguladas por la Junta", ha afirmado Turrión, quien ha precisado que, incluso, existe una subvención concedida por la Junta a una empresa de Jaén, en cuya tramitación la Dirección General de Trabajo recibió un requerimiento de un juzgado para el embargo de las ayudas a esta sociedad, y este centro directivo "convirtió la subvención en un préstamo sin condiciones ni tiempo de devolución".
Tras esta enumeración de ayudas, Ramallo ha señalado que "ahí debería haber estado la Intervención General de la Junta", en referencia a la concesión de subvenciones con objeto "pintoresco", según la ha calificado la IGAE. "No cabe duda que debió haber la autorización y consentimiento de la Intervención General de la Junta".
