SEVILLA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de Podemos Andalucía va a defender este miércoles una proposición no de ley (PNL) por la que reclama al Gobierno andaluz poner fin a la existencia en la Fundación Andalucía Emprende, del sector público andaluz, de "una doble escala salarial" que se viene produciendo desde la subrogación empresarial llevada a cabo en la misma en el año 2009.
En virtud de la iniciativa, que se debatirá en el seno de la comisión de Economía y Conocimiento, el partido morado reclama a la Junta que cumpla y aplique los efectos legales del laudo arbitral que conlleva la equiparación salarial en Andalucía Emprende de manera inmediata, "puesto que así lo estableció claramente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su auto del pasado 15 de febrero de 2018".
Y es que, como advierte Podemos, "la situación actual de doble escala salarial es ilegal y perjudicial para todas las personas que trabajan en la Fundación y para la propia administración pública".
Según explica el partido morado en la iniciativa, la estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa se reguló mediante el decreto 117/2008, de 29 de abril, y el 1 de enero de 2009 el personal de la estructura básica de los Consorcios de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) pasó a depender de la Consejería y a formar parte de la Fundación Red Andalucía Emprende mediante subrogación.
A partir de ese momento, las más de 700 personas trabajadoras procedentes de los 114 Consorcios Utedlt, y repartidos por todas las comarcas andaluzas, "pasaron a tener una remuneración de alrededor de un 30 por ciento inferior a las personas que trabajaban en Andalucía Emprende".
Tras concretar que las diferencias salariales se situaban entre 7.000 y 15.000 euros anuales según los puestos, Podemos recuerda que desde el 2009 coexistieron en Andalucía Emprende dos convenios, el del personal de los Consorcios Utedlt y el del personal de la Fundación, "aplicados en tanto no se alcanzaba uno nuevo y mantenidos en estado de ultractividad".
Prosigue relatando que en 2012 la reforma laboral modificó el periodo máximo en el que los convenios colectivos podían mantenerse en estado de ultractividad y ambos convenios dejaron de estar vigentes, de modo que ese mismo año "las partes llegaron a un principio de acuerdo para disponer de un nuevo convenio colectivo, que fue frenado por la Consejería de Hacienda, mediante informe desfavorable emitido en enero de 2013".
Así las cosas, tras ese informe, el personal de la Fundación "quedaba sin convenio colectivo, a pesar de las innumerables reuniones de la Mesa Negociadora, pero en ese mismo informe se calificaba la situación de discriminación salarial como legalmente insostenible e instaba a su solución". Y el personal de los antiguos Consorcios Utedlt continuó trabajando para lograr su equiparación en condiciones laborales con el colectivo de la Fundación.
De este modo, y ante la imposible resolución del conflicto mediante negociación ordinaria, se acudió a vía de resolución extrajudicial de conflictos, donde a finales de 2016, cerraron un acuerdo en todos los puntos de convenio colectivo, a excepción del ámbito salarial.
A fin de resolver este desacuerdo, se emitió un laudo arbitral de obligado cumplimiento, ajustándose a los límites legales aplicables en materia presupuestaria, y previa autorización de la Consejería de Hacienda y a partir de ese momento, empresa y trabajadores dieron por concluido el proceso negociador con acuerdo pleno de las partes.
No obstante, como incide Podemos, en mayo de 2017, la Consejería de Hacienda emite un informe desfavorable al nuevo convenio y el laudo que le acompaña, "quedando irresuelta la discriminación salarial en la Fundación Andalucía Emprende".
Por ello, en octubre del 2017, CCOO presentó una demanda de ejecución del laudo arbitral que había sido incorporado a la propuesta de convenio de la fundación, una demanda que fue admitida a trámite por el TSJA, que finalmente emitió un decreto en el que requiere que Andalucía Emprende dé cumplimiento a lo solicitado en el plazo de un mes.
"Ante ese pronunciamiento del TSJA, la Fundación interpuso un recurso de reposición, desestimado en febrero de 2018 mediante auto judicial de la sala de lo social del tribunal", añade Podemos, que explica que, actualmente, "Andalucía Emprende ha presentado un escrito solicitando aclaraciones del contenido del citado auto, pero sin proceder a su aplicación, pese a ser ese el mandato claro del TSJA".
