GRANADA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Granada ha solicitado penas de hasta cuatro años de cárcel para cada uno de los once imputados por el accidente que se produjo el 7 de noviembre de 2005 en el viaducto de Río Verde de la A-7, en Almuñécar (Granada), y que costó la vida a seis trabajadores.
Diez de los once acusados, entre los que se encuentra el ingeniero director del proyecto de ejecución del tramo Herradura-Taramay, Pablo Jiménez, se enfrentan a una condena por la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, seis de homicidio imprudente, y otros tres de lesiones imprudentes, por los que, además de la pena de prisión se enfrentan a inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones si están relacionadas con la construcción.
Para M.C.M., capataz de la empresa 'Estructuras y Montajes Prefabricados' --la subcontrata--, el Ministerio Solicita tres años y seis meses de prisión, puesto que no se le imputa el primero de los delitos mencionados. Asimismo, el fiscal interesa el sobreseimiento con respecto a Juan Francisco Marín Enciso, jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, del Ministerio de Fomento, que también estaba inicialmente imputado en el procedimiento.
Sí acusa, además de a Jiménez y M.C.M., a Juan Mena Delfa, coordinador de Seguridad del Ministerio de Fomento; al representante legal, al jefe de obra y a la técnico de seguridad de la UTE La Herradura --contratista principal--, J.M.F.T., J.A.S.C. y A.I.D.P.; al representante legal, al técnico en prevención de riesgos laborales, al jefe de obra, y al encargado de 'Estructuras y Montajes Prefabricados', C.S.S, J.L.R.H., E.C.T.M. y J.M.O.C.; y al representante legal de la empresa 'Puentes y Calzadas' --propietaria de la cimbra que se desplomó--, J.M.L.M.
Según considera la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, el Plan de Seguridad y Salud, que fue elaborado por la UTE y aprobado por el jefe de Demarcación de Carreteras, "adolecía" de falta de solución para el riesgo que suponía la ubicación de una plan hormigonera bajo la zona donde se realizaban los trabajos de construcción del viaducto, y contaba con "notorias omisiones" en cuanto a la concreción de las labores de mantenimiento necesarias en útiles como la autocimbra.
Tampoco el estudio de seguridad contenía referencias a ésta por lo que no se contemplaron ni instrucciones de su funcionamiento, riesgos, ni programas de mantenimiento sobre un equipo de trabajo "tan complejo y peligroso". Además, el fiscal incide también en que el capataz de la subcontrata "no llevó a cabo la revisión de los tornillos" de la estructura que se desplomó, siniestro que se produjo cuando se iba a reparar un cable eléctrico de alimentación.
Así, considera el fiscal que las "omisiones" de todos los imputados fueron "determinantes" para la generación del grave riesgo para los trabajadores, así como para la producción de los resultados lesivos del accidente, que costó la vida a seis empleados e hirió a otros cinco.
El Ministerio Público no pide para los procesados responsabilidad civil, por expresa renuncia de los perjudicados, que ya recibieron indemnizaciones de las aseguradoras.
