La juez vuelve a citar a declarar el próximo día 1 de octubre al exconsejero de Empleo Antonio Fernández
SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha rechazado la petición planteada por la defensa del exviceconsejero de Empleo Justo Mañas para que "aclarara" el auto en el que acordó continuar con la instrucción de la causa e imputar a 20 personas, así como ampliar la imputación a otros encausados, a fin de que explicara si las anteriores diligencias son urgentes o manifiestamente necesarias.
En el escrito elevado al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Justo Mañas, Adolfo Cuéllar, pidió a la juez Mercedes Alaya que "aclare y motive" si la ampliación de la imputación de su cliente por medio del auto dictado el pasado 4 de septiembre, y en general cuanto se ordena en dicha resolución, "es urgente o manifiestamente necesaria".
Pues bien, la magistrada ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que concluye que "no procede a la aclaración solicitada" por la defensa del exalto cargo de la Junta, todo ello "sin perjuicio de indicarle a la parte en los razonamientos expuestos en el ordinal primero del auto de 4 de septiembre".
En ese auto de 4 de septiembre, Alaya ponía de manifiesto que, "pese a la remisión de la exposición razonada al Tribunal Supremo al considerar que es de su competencia la presente investigación por la posible responsabilidad de personas aforadas, es el Alto Tribunal quien fijará su propia competencia, acordando lo procedente".
"Mientras tal pronunciamiento no exista, la competencia para seguir conociendo de estas diligencias cuya instrucción no debe demorarse, corresponde a este Juzgado", por lo que "procede por ello continuar instruyendo la presente causa", zanjaba la juez en dicho auto.
EL ESCRITO DE MAÑAS
En el escrito elevado al juzgado, el abogado de Justo Mañas pidió a la juez que "aclare y motive" si la ampliación de la imputación de su cliente por medio del auto dictado el pasado 4 de septiembre, y en general cuanto se ordena en dicha resolución, "es urgente o manifiestamente necesaria", todo ello "a los efectos de salvaguardar su derecho a la tutela judicial efectiva y con reserva expresa del ejercicio de los posibles recursos que en su día se pudieran plantear, incluyendo la petición de solicitar la nulidad de lo actuado desde la fecha del dictado de la resolución".
El abogado del exalto cargo imputado aseveraba que "se tiene conocimiento público y notorio que por la Sala del Tribunal Supremo se ha formado tribunal de admisión y se ha designado como instructor para resolver sobre la exposición razonada al magistrado Miguel Colmenero", por lo que "ya consta que el Supremo se encuentra en trámite de resolver su competencia".
Según explicaba, ello conllevaría, según el artículo 21.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "que a lo máximo que podría ser autorizado el juzgado de Instrucción es a continuar aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fueran manifiesta".
El abogado ponía de manifiesto que "el criterio jurídico" de la juez Alaya "consiste en que no es competente para conocer de la causa", lo cual "razona con una extensa y motivada exposición", no obstante lo cual "entiende que mientras el Tribunal Supremo no se pronuncie ordenando que se abstenga de todo proceder o mientras resuelve la competencia, procede continuar con la instrucción".
VUELVE A CITAR A ANTONIO FERNÁNDEZ
"No obstante, de la interpretación literal y conjunta de ambos apartados de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mientras el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre su competencia, lo máximo que la instructora puede instruir --si así se lo ordenase el Tribunal Supremo--, serían aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fueran manifiestas", consideraba la defensa de Mañas.
Hay que recordar que, tras el escrito de Mañas, la propia Fiscalía Anticorrupción solicitó a la juez que pusiera en conocimiento del Tribunal Supremo (TS) "con carácter urgente" su decisión de continuar con la instrucción de la causa, una petición que fue aceptada por la magistrada.
Por otro lado, la magistrada ha dictado una segunda providencia, consultada por Europa Press, en la que vuelve a citar a declarar como imputado el próximo día 1 de octubre al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el cual no compareció a la citación prevista para el pasado lunes debido al fallecimiento de su madre.
