APDH-A critica el "intolerable cerco" policial a las familias de Nuevo Amate con medidas propias "de la cárcel"

El edificio de Nuevo Amate vigilado por la Policía.
APDH-A/EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 21 enero 2014 14:23

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha criticado este martes el "intolerable cerco" policial movilizado por las autoridades para "rodear" a las cinco familias que han ocupado varias de las 220 viviendas protegidas construidas por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) en los suelos del antiguo barrio de Regiones Devastadas, donde actualmente se alzan estas viviendas públicas conocidas como Nuevo Amate. El Consistorio, según la organización "está actuando contra derechos humanos básicos".

En un comunicado, APDH-A explica que uno de sus dirigentes, Pablo María Fernández, intentó visitar a estas familias el pasado viernes y de nuevo este pasado lunes, pero no logró acceder a estas personas dada la "prohibición de la Policía Local". Las familias, según APDH-A, están "rodeadas y cercadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que sin resolución judicial alguna y por orden del Ayuntamiento les impiden la comunicación con el exterior a menos que abandonen su demanda, el acceso a la asistencia letrada".

"Se les impide acceder a teléfonos móviles o cualquier producto de necesidad. Sólo se permite la entrada de alimentos bajo estricto control y están en un estado más propio de una cárcel y no de un estado de derecho. Es intolerable", señala APDH-A, que considera que el Ayuntamiento, gobernado por Juan Ignacio Zoido, "está actuando contra derechos humanos básicos". Tal extremo lleva al colectivo a adoptar "las acciones pertinentes para que esta situación no se mantenga por más tiempo y se esclarezcan quiénes son los responsables de las acciones que se están implementando y que son contrarias a los derechos humanos".

ACUSACIONES AL AYUNTAMIENTO

"El Ayuntamiento, lejos de buscar soluciones, está actuando de manera irresponsable no tendiendo puentes de diálogo entre la ciudadanía y la administración y cuando el alcalde dice que las familias que tengan problemas de vivienda deben dirigirse a Emvisesa, no hace sino indignar más a unas familias que han podido constatar una vez tras otra como no se da respuesta a sus legítimas demandas", enfatiza la organización.

El asunto está conectado con el proyecto promovido por el Ayuntamiento para regenerar por completo el antiguo barrio de Regiones Devastadas, ubicado en el distrito Cerro Amate y ahora rebautizado como Nuevo Amate. Las antiguas viviendas de protección oficial de este barrio fueron demolidas y en su lugar han sido levantados cinco edificios que contienen un total de 220 nuevas viviendas protegidas, todo ello de la mano de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla.

Los inquilinos de las antiguas viviendas protegidas, todos ellos arrendatarios, fueron realojados en viviendas municipales como medida transitoria y a la espera de que las citadas 220 nuevas viviendas estuviesen a su disposición. Una vez listas las nuevas viviendas protegidas, el pasado mes de septiembre sólo 71 de los inquilinos recogieron las llaves de los pisos que les correspondían, porque buena parte de este colectivo de ciudadanos no ha ejercido su derecho a habitar estas viviendas y optan por permanecer en las viviendas de realojo que les fueron asignadas.

OCUPACIÓN ILEGAL

Bajo la premisa de la necesidad de contar con un techo y la ausencia de recursos económicos para tal aspecto, cinco familias han accedido a varias de las viviendas protegidas actualmente desocupadas en esta promoción, sin contar con relación contractual alguna con los pisos en cuestión, extremo que ha motivado que Emvisesa, como titular de las viviendas, haya denunciado la usurpación de las mismas. De momento, la Policía Nacional y la Policía Local siguen vigilando la zona a la espera de las consecuencias de la denuncia promovida por Emvisesa.

Mientras las familias alegan que llevan "toda la vida" reclamando a Emvisesa una VPO, el gobierno municipal del PP esgrime que dos de estas familias ni siquiera habrían tenido contacto con Emvisesa para optar a una vivienda protegida y las tres restantes "se habían interesado por carta" en la posibilidad de solicitar una VPO y "se les contestó" emplazándoles a comenzar el procedimiento administrativo correspondiente a la solicitud de una vivienda protegida, pero no habrían llegado a materializar nada.