Pide que la comisión de fraudes suponga la pérdida de todos los derechos de prioridad y avisa de la "sensación de impunidad"
SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, reclamó hoy a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que sancione con "mayor rigor" los fraudes que se cometan en el proceso de admisión y escolarización del alumando en centros públicos de Andalucía, ya que considera que sólo con medidas de este tipo se conseguirá atajar un problema "tan extendido" en la comunidad andaluza.
Según una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, a la que tuvo acceso Europa Press, Chamizo afirma que si se compara la vigente normativa reguladora de los procesos de escolarización y las situaciones denunciadas por los padres, se puede concluir que la comisión de fraudes "no comporta riesgos ni perjuicios notorios para el infractor en caso de ser detectada la infracción", ya que la única consecuencia para es la pérdida de los puntos que le hubieran sido adjudicados como consecuencia de dicha actuación ilegítima.
El Defensor advierte de que la "persistencia" de estas prácticas fraudulentas a través de los distintos procesos de escolarización y la "capacidad de adaptación" de los defraudadores a los cambios normativos operados en este tema, dan muestra de lo "difícil que resulta erradicar esta lacra de nuestro sistema educativo".
En este sentido, destacó que uno de los factores que contribuye a que se sigan cometiendo fraudes e irregularidades es la "sensación de impunidad" que se ha instalado en la sociedad como consecuencia de la reiteración estos casos y la "convicción" de la ciudadanía de que la mayoría de estos casos "o no son detectados, o, lo que es más lamentable si cabe, que finalmente quedan sin ningún castigo".
"Para poner fin a esta situación, es necesario que las personas solicitantes se convenzan de que las solicitudes de escolarización van a ser debidamente analizadas, y que, ante el menor indicio de posible irregularidad, se investigará en profundidad y se sancionará con dureza a los defraudadores", señaló.
Además, resaltó que debería de estipularse en la normativa sobre escolarización que la sanción para aquellos casos en que se detecten fraudes en la documentación aportada sería la "pérdida de todos los derechos de prioridad que pudieran corresponder a dicho solicitante".
Incluso, sugiere que, cuando el fraude o irregularidad cometida puedan suponer la comisión de algún tipo de falta o delito perseguible penalmente, debería de darse conocimiento inmediato de los hechos al Ministerio Fiscal.
Asimismo, instó a las Delegaciones Provinciales de Educación a revisar de oficio todas las solicitudes presentadas en centros donde la oferta de plazas no sea suficiente para atender la demanda, e investigar aquellas en que aparezcan indicios de posible irregularidad, para lo cual considera que el órgano más adecuado son las Comisiones de Escolarización.
CRITERIOS DE PROXIMIDAD AL DOMICILIO Y RENTA
Por otro lado, cuestiona la mayor valoración del criterio de proximidad del domicilio laboral sobre el familiar, por cuanto la baremación del mismo está justificado por la conciliación de la vida familiar y laboral, ya que, según indica, esta medida puede colisionar con la defensa de otros derechos "igualmente merecedores de amparo", como puede ser el derecho de las personas menores a educarse en el entorno social en que normalmente viven y se relacionan.
Igualmente, solicitó a la Junta de Andalucía que a la hora de baremar el criterio de la renta anual de la unidad familiar deje de tomarse en consideración la correspondiente a dos años atrás que "no refleja la situación económica real" de una familia en el momento de solicitar la plaza y se tenga en cuenta únicamente que a fecha de presentación de la solicitud la unidad familiar es beneficiaria del Ingreso Mínimo de Solidaridad o Salario Social que ofrece la Junta de Andalucía, lo que, de paso "dificultaría la comisión de fraude".
Además, considera que la interpretación y aplicación que se hace del criterio de familia monoparental está produciendo la posible vulneración del principio de igualdad, ya que se "deja fuera" a aquellos niños nacidos de parejas de hecho cuya convivencia ha cesado, o a aquellos otros cuyos progenitores, habiendo contraído matrimonio, viven separados de hecho, aunque no de derecho.
Por todo ello, dijo que es necesario establecer un concepto claro y no discriminatorio de lo que debe entenderse por "familia monoparental", así como buscar los medios adecuados para poder acreditar fehacientemente dicha condición y evitar, en la medida de lo posible, la picaresca y el fraude a que pueda dar lugar.
Por último, en el marco de la enseñanza para adultos, apostó por incluir como nuevo criterio complementario la existencia de discapacidad en los descendientes de los alumnos en la normativa general de escolarización, bien en la normativa especifica en materia de educación de adultos.
