El Pleno de este órgano participativo muestra su disconformidad con la incertidumbre en cuanto a las competencias municipales
SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Provincial de Consumo de Sevilla ha aprobado en el pleno celebrado esta mañana y presidido por el delegado del Gobierno andaluz, Francisco Javier Fernández, una declaración en la que manifiesta su defensa de la autonomía y las competencias de los ayuntamientos frente a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada por el gobierno central.
El Consejo provincial de Consumo recuerda en esta declaración formal que la defensa de usuarios y consumidores como competencia propia de los municipios andaluces está recogida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en la propia Ley de Defensa y Protección de los consumidores y usuarios de Andalucía. En este sentido, ha manifestado su disconformidad con la ley al considerar que toda norma estatal que cercene tanto la autonomía local como las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma ha de reputarse contraria al orden constitucional.
Por ello las personas representantes del Consejo han manifestado su total disconformidad con la incertidumbre que plantea la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local en cuanto a las competencias de consumo por parte de los Ayuntamientos andaluces y defiende el papel fundamental que juegan las Oficinas Municipales de Información a las personas consumidoras.
Desde el punto de vista del Consejo Provincial de Consumo de Sevilla es fundamental potenciar en el ámbito local las actuaciones preventivas vinculadas a la información, formación y asesoramiento, el control y detección de riesgos, la participación en la red de alerta, la inspección y control de mercado, el fomento del arbitraje de consumo, entre otras competencias, así como la promoción de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias, para mejorar y equilibrar la posición de las personas consumidoras y usuarias en el mercado, reforzando la garantía de la protección de las personas y sobre todo de las más vulnerables.
En este sentido alertan de que hay otros aspectos que resultan afectados por la Ley y que tendrán su incidencia en la protección de las personas consumidoras y usuarias y que aspectos tales como los controles preventivos resultarán debilitados. De otra parte, según han denunciado, la ley propicia la privatización de servicios públicos municipales, lo que unido a la falta de mecanismos y de una regulación que evite la afectación al alza de los precios-tarifas, la inexistencia de canales y vías de participación social en la gestión de esos servicios municipales y de control por parte de la ciudadanía en la gestión de los mismos, conlleva un riesgo real de aumento de precios, disminución de la calidad y riesgo de exclusión y/o dificultad en su accesibilidad.
El Consejo Provincial de Consumo de Sevilla -órgano consultivo, de participación, mediación y diálogo- considera que esta Reforma Local es contraria al orden constitucional en tanto que cercena tanto la autonomía local como las competencias exclusivas de nuestra Comunidad Autónoma y asegura que apoyará todos los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para defender la autonomía local y, en definitiva, los derechos de las personas consumidoras en Andalucía.
