SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha confiado este lunes en concluir "pronto" su estudio sobre el informe de la Cámara de Cuentas en torno a las irregularidades detectas en las subvenciones recibidas por la extinta Fundación Andaluza fondo de Formación y Empleo (Faffe) para cursos de formación a parados.
En declaraciones a los periodistas antes de participar en Sevilla en la Comisión Mixta Junta-Fiscalía de la Comunidad Autónoma, García Calderón ha subrayado que, una vez recibido el informe esta misma mañana, la Fiscalía Superior lo "examinará" en los próximos días, pues "puede que haya cosas que ya sean objeto de investigación en procesos judiciales abiertos".
En ese caso, ha añadido, el fiscal "no puede abrir una investigación de oficio por imperativo" del artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero frente a ello, y fruto del análisis del informe, pueden existir "otros casos en los que sí podamos observar alguna circunstancia que determine o exija que se abra una investigación".
Sobre un plazo para adoptar una decisión al respecto, el fiscal superior de Andalucía ha confiado en que sea "pronto", aunque ha señalado que el informe "es extenso" y a ello se suma que la Unidad de Policía Judicial "está desarrollando otras investigaciones también de importancia".
No obstante, "tenemos que leer el informe y hacer esa comprobación --referente a si se trata de hechos ya investigados-- con el auxilio de las fiscalías provinciales".
EL INFORME
En el informe 'Fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004', la Cámara incluye la detección de numerosas irregularidades, entre ellas la concesión de ayudas por casi 49 millones de euros sin "justificación alguna".
Así, según la Cámara, en ciertos casos "podrían derivarse responsabilidades administrativas y contables" debido a "los cursos para desempleados no incluidos en el fichero; la aprobación de modificaciones de las resoluciones de concesión por un órgano no competente; la concesión de ayudas por encima del importe máximo permitido; la imputación como subvencionables de gastos no elegibles, la no exigencia de intereses de demora en casos de reintegro; la ausencia de justificación en las subvenciones nominativas a la Faffe; y, la declaración de excepcionalidad, el incumplimiento de requisitos para la subcontratación, y la falta de justificación de la subvención excepcional a la Faffe".
