cia" class="NormalTextoNoticia" itemprop="articleBody">
SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento ha dado este miércoles el visto bueno por unanimidad a la toma en consideración de la proposición de ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, presentada conjuntamente por PSOE-A e IULV-CA.
La presentación de esta normativa, incluida en el acuerdo de Gobierno, se realizó tras numerosos meses de negociación entre PSOE-A, IULV-CA y los colectivos transexuales, cuyos representantes han estado presentes en el hemiciclo.
Durante el debate en el Pleno, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha manifestado que esta norma pretende aportar desde Andalucía un granito de arena en la tarea de favorecer la igualdad y remover los obstáculos con los que se encuentran las personas transexuales en el uso cotidiano de sus derechos.
"No es una ley que dé derechos, sino que es una ley que solo da un derecho, el de autodefinirse", ha señalado Pérez, quien ha recalcado que se pretende acabar con la "discriminación" que sufren actualmente estas personas.
La diputada de IULV-CA Alba Doblas ha querido dejar claro que esta no es una ley de privilegios ni de ampliación de derechos, sino que persigue garantizar simplemente la igualdad de los transexuales con el resto de la ciudadanía.
Doblas ha opinado que la sociedad tiene una "deuda" con estas personas, que hoy no eran "beneficiarias de la igualdad". Ha señalado que las administraciones públicas tienen la obligación y el deber de remover los obstáculos que dificultan e impiden la igualdad.
Por su parte, la diputada 'popular' Esperanza Oña ha pedido a PSOE-A e IULV-CA que "no tengan la tentación de excluir al PP-A" de las reivindicaciones de este colectivo porque se trata "de un problema exclusivamente de derechos humanos, del más básico de todos, del derecho a la vida completa", algo que su grupo respalda y apoya.
Eso sí, ha advertido de que el PP-A "quiere aportar y mejorar" la futura ley para que todo el colectivo se sienta "plenamente identificado" porque, en su opinión, el objetivo de la normativa deben ser, entre otros, los de "recomponer la concordancia entre el sexo físico y el interior" y "desmitificar la operación de sexos".
LA FUTURA LEY
Entre las principales cuestiones que recoge la proposición destaca la creación de una tarjeta identificativa para este colectivo que podrán presentar ante las administraciones andaluzas, incluyendo colegios, universidades y hospitales. Dicha tarjeta "no sustituye" al Documento Nacional de Identidad (DNI), sino que servirá para acreditarse ante las administraciones andaluzas mientras que se tramita el cambio de nombre en el registro, una competencia estatal.
El futuro texto legal incluirá medidas para asegurar la atención educativa, social, familiar y sanitaria de las personas transexuales. En este último ámbito, se prevé que el Servicio Andaluz de Salud generalice un procedimiento integral de reasignación sexual y una atención sanitaria multidisciplinar segura y de calidad. Su cartera de servicios proporcionará los tratamientos y la cirugía, minimizando desplazamientos innecesarios. Además, el Plan Integral de Formación del sistema sanitario público desarrollará acciones formativas específicas en esta materia.
De otro lado, los menores tendrán pleno derecho a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención a la etapa de la pubertad. La atención sanitaria que se preste en este ámbito se realizará de acuerdo con lo dispuesto en las leyes autonómicas de menores y de derechos en materia de información y documentación clínica.
En el ámbito educativo, el texto de la proposición prevé programas de coordinación para detectar situaciones de riesgo para el desarrollo integral de los menores que manifiesten una identidad de género distinta de la de su sexo biológico.
Finalmente, la propuesta incluye medidas de tipo laboral como el establecimiento de cláusulas administrativas para garantizar que las empresas concesionarias o entidades adjudicatarias de la Junta no hayan sido condenadas, en ninguna jurisdicción, por discriminación a las personas objeto de la futura normativa.
