En un auto, la instructora considera que las conductas de la asociación "implican un grave perjuicio al sector del transporte y a la ciudad en general"
SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
La juez de Instrucción número 8 de Sevilla, María de los Reyes Flores, que investiga los presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, ha imputado a la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, como persona jurídica, delitos de "organización delictiva, daños y coacciones".
Así lo ha decidido la juez instructora en un auto dictado este jueves, jornada en la que había citado al representante legal de la organización, en este caso, su presidente, Enrique Filgueras, quien, junto a otros dirigentes de Solidaridad del Taxi como Antonio Velarde o Francisco Ternero, figura ya como investigado en las diligencias correspondientes a presuntas coacciones promovidas para monopolizar la parada de taxis del aeropuerto de Sevilla, regida por una tarifa única. Todo ello después de que la magistrada hubiera decidido investigar a la propia asociación como persona jurídica junto a los miembros de su directiva.
Filgueras, como representante legal de la asociación, que preside desde la fundación de la misma, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, como ya hiciera cuando fue llamado como investigado con anterioridad. La juez, según recoge el auto de este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, le ha informado de los hechos por los que se investiga a la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi.
En concreto, a la asociación se le imputa como "persona jurídica" en los términos de "constituir una organización delictiva que sirve de soporte o cauce a la finalidad perseguida de mantener el monopolio en el servicio de recogida de pasajeros en el Aeropuerto de Sevilla, en perjuicio del resto de los profesionales del sector y de los demás sectores de transporte público, tanto vehículos con conductor --VTC-- como incluso los servicios municipales --Tussam--".
Todo ello, según prosigue la juez, "en término de haber fomentado y mantenido conductas y situaciones constitutivas de delitos de daños y coacciones esencialmente, así como sustentándolo en el establecimiento de una estructura interna jerarquizada con un régimen de imposición de sanciones tanto económicas como de privación de participar en este servicio, monopolizado temporalmente, con unas normas y catálogos de conductas ni publicados ni aprobados en forma alguna".
Igualmente, el auto expone que la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi ha dirigido "conductas para la constitución de tales fines contra la dirección del propio aeropuerto y contra las instituciones municipales y empresas públicas de transporte, manteniendo en su poder material y documentos de origen ilícito hallado en el registro practicado en su sede relativo incluso a agentes de la Policía Local y al régimen de multas y sanciones municipales".
"GRAVE PERJUICIO A LA CIUDAD"
Para la instructora, todas estas conductas "implican un grave perjuicio para el sector del transporte y a la ciudad en general". Filgueras, conocida esta imputación, se ha acogido a su derecho a no declarar, algo que él mismo ha declarado a los medios a la salida de los juzgados. "Si no declaré en su día como persona física, no lo voy a hacer ahora como representante, no tiene sentido", ha afirmado Filgueras, quien ha comentado que se jubilará "en menos de un mes".
Igualmente, la juez, que investiga esta causa en la que están personados Fiscalía, Unauto y el taxista detenido por su presunta implicación en el incendio de los VTC en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), ha realizado un ofrecimiento al Ayuntamiento de Sevilla para que se persone en la causa en calidad de "perjudicado" por el incumplimiento de la normativa municipal, una decisión que el abogado de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi ha recurrido porque considera que no es causa para que se persone, ya que no está acreditado ese incumplimiento.
INVESTIGACIÓN POLICIAL
Recordemos que fruto de las pesquisas iniciales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que ha investigado al menos a 32 taxistas por estos hechos, el Juzgado de Instrucción número ocho ha dividido sus actuaciones en una primera causa sobre las supuestas amenazas y ataques de taxistas a conductores de VTC y unas segundas diligencias sobre presuntas situaciones de coacción y amenaza para acaparar la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.
En las segundas diligencias, en ese sentido, figuran como investigados los principales responsables de la asociación Solidaridad del Taxi, con sede precisamente en el aeropuerto de Sevilla y cuyas instalaciones fueron objeto de un registro policial allá por junio de 2017.
Al respecto, los informes policiales derivados de dicho registro, recogidos por Europa Press, reflejan que los agentes habrían encontrado en la sede de Solidaridad del Taxi documentación relativa a sanciones de la asociación a sus miembros, con prohibiciones temporales respecto al uso de la parada de taxis del aeropuerto o medidas punitivas por no participar en las movilizaciones convocadas por la entidad.
De estos extremos, a juicio de los agentes, se infiere "que la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi impone su propio calendario de días de descanso o bien se arroga la potestad sancionadora de la administración" en la parada de taxis del aeropuerto.
Entre la documentación decomisada, además, figurarían "fotografías de coches patrulla de la Policía Local en la que sale la placa de matrícula y fotografías de policías locales, además de anotaciones de números de carné de policías locales que señalan como perseguidores de los taxistas de la asociación".
Igualmente, los agentes habrían encontrado, siempre según los atestados policiales, "fotografías de vehículos VTC estacionados" en un lugar donde "se produjeron daños grabados en las cámaras de video vigilancia los días 9, 21 y 25 de enero" de 2017, así como "fotografías de un conductor de Tussam", entre otros aspectos.
La defensa de los dirigentes de Solidaridad del Taxi investigados en esta causa, de su lado, ve "novelescos" estos atestados policiales al considerar que se basan en meras "elucubraciones ayunas del más elemental soporte probatorio".
