SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio advirtió hoy de que no excluye "o excluirá" la demolición de las construcciones ilegales de Arahal (Sevilla) que "no tengan cabida en el planeamiento", y aunque ha propuesto al Ayuntamiento que gobierna Miguel Ángel Márquez (IU-CA) que elabore "un Plan Municipal de Inspección" y un inventario de estas edificaciones, aclaró que no tiene intención de "paralizar o dilatar" cualquier procedimiento judicial incoado al respecto.
En un comunicado, la Administración andaluza aludió al encuentro celebrado entre el alcalde de Arahal y el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, a cuenta de las cerca de 5.000 construcciones ilegales que salpican el término municipal en 24 urbanizaciones o "pagos", un caso que ha derivado ya en la imputación de aproximadamente 240 propietarios y tres fallos judiciales en firme que ordenan el derribo de viviendas levantadas sobre suelo no urbanizable.
La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio señaló que en el encuentro, Espadas ha recordado al alcalde que "es el propio Ayuntamiento el que tiene que proponer una solución en su planeamiento" al objeto de que la Administración andaluza analice la propuesta para resolver sobre su viabilidad o no "de conformidad con el marco legal vigente", pues el alcalde había señalado a Europa Press que espera "contemplar" en el documento de aprobación inicial del nuevo planeamiento urbano estas viviendas como construcciones "fuera de ordenación" cuya naturaleza no sería legalizada.
En cuanto al destino del procedimiento, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio advirtió de que "en ningún caso" se excluye la "posibilidad de proceder a la demolición de aquellas edificaciones que no tengan cabida en el planeamiento", aclarando además que las "actuaciones de carácter administrativo" debatidas entre el Ayuntamiento de Arahal y el Gobierno andaluz "en ningún caso tienen como objeto paralizar o dilatar cuales acciones legales sean oportunas por los órganos correspondientes", pues actualmente unos 240 propietarios están imputados a cuenta de la construcción de estas viviendas al margen del planeamiento.
Así, Espadas ha instado al alcalde a que "ejerza de manera decidida sus competencias en materia de disciplina urbanística y que paralice cualquier intento de construcciones de este tipo que se produzcan en su término municipal", proponiéndole expresamente la creación de un plan municipal de inspección y un inventario de estas edificaciones ilegales.
