SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, ha firmado este miércoles un convenio con la promotora Disean con el objetivo de adjudicar en régimen de alquiler social 41 viviendas deshabitadas de su titularidad en el municipio sevillano de Sanlúcar la Mayor.
El acto ha estado presidido por la secretaria general de Vivienda y Rehabilitación de la citada Consejería, Amanda Meyer, quien ha detallado que la Junta de Andalucía ha asumido la gestión de esas 41 viviendas deshabitadas, lo que permitirá su adjudicación en régimen de alquiler social.
"Eran viviendas cerradas que ahora, gracias a la intervención del Gobierno andaluz, van a ser habitadas por familias demandantes con escasos recursos, que no aportarán más del 25 por ciento de sus ingresos al arrendamiento", ha señalado Amanda Meyer, que ha agradecido la "imprescindible aportación" al acuerdo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Meyer ha destacado el carácter "inédito" de la cesión, que "abre un nuevo camino para seguir combatiendo el intolerable fenómeno de las casas deshabitadas, una prioridad de la Consejería de Fomento y Vivienda desde la formación del nuevo Gobierno andaluz".
EL CONVENIO
El acuerdo se ha concretado mediante un convenio suscrito por el director de AVRA, Fernando Herrera, y el gerente de Disean, Inmaculada Guzmán, en la Delegación Territorial de la Consejería en Sevilla. En el convenio Disean autoriza a AVRA la gestión de sus viviendas deshabitadas en la promoción Balcones al Sol, en la avenida de las Doblas. Ello permite a los futuros inquilinos de estas viviendas acogerse a la línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, impulsada por la Consejería con una dotación de 4,3 millones de euros.
Dicha ayuda está destinada a familias residentes en viviendas públicas o gestionadas por administraciones públicas con ingresos inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), lo que supone unos 11.200 euros netos al año, y que tienen dificultades acreditadas para el abono del arrendamiento.
La ayuda garantiza que el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar las rentas no supera el 25 por ciento de los ingresos familiares. Los receptores deberán disponer de un informe, emitido por los servicios sociales, donde se refleje la situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así como otras especiales circunstancias.
Según recoge el convenio, dicha línea de apoyo al alquiler contempla la posibilidad de incorporar a las ayudas reguladas en la misma a aquellas personas que concierten contrato de alquiler en viviendas gestionadas por entidades públicas que hayan suscrito el oportuno convenio, como es el caso de la Agencia, incluso en los supuestos en que las viviendas no sean de titularidad pública, sino que su gestión por la entidad pública se produzca como consecuencia de cualquier otra figura jurídica válida, entre ellas, los convenios celebrados basados en las previsiones legales.
"CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL"
En este marco, la Junta señala en un comunicado que AVRA se compromete a "impulsar" el proceso de adjudicación de dichas viviendas, "que conforme a la normativa en vigor permita el más rápido cumplimiento de su función social, para lo que realizará las gestiones oportunas ante el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, de quien depende el registro de demandantes", según recoge el convenio".
Así, la Agencia se compromete a gestionar las solicitudes de ayudas a las que se puedan acoger las viviendas y sus inquilinos, "especialmente las contempladas en la Orden de 29 de julio de 2014, es decir, las Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, y las que sucedan a ésta en siguientes anualidades", según establece el convenio". AVRA también prestará asesoramiento y colaboración en la puesta en marcha e impulso de la comunidad de arrendatarios, así como la intervención sociocomunitaria.
El convenio, con una duración de dos años prorrogables, se apoya a su vez en un protocolo de colaboración suscrito el pasado 18 de septiembre entre AVRA, el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, la promotora Disean, la PAH y la asociación vecinal 'Sanlúcar? Pues Participa!'. En dicho protocolo, previo a la cesión formalizada este miércoles, todas las partes conformaron una comisión de seguimiento y se comprometieron a difundir y facilitar el proceso para agilizar la adjudicación en el menor tiempo posible.
Todas las partes señalan en el protocolo que la línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad "se convierte en una herramienta eficaz para posibilitar el acceso social a los contratos de alquiler en unas condiciones sostenibles para las débiles economías de dichas familias y acabar con la dramática situación de tener en la localidad un volumen muy importante de viviendas protegidas desocupadas". Entre otras medidas, el Ayuntamiento se compromete a llevar al Pleno de la corporación un acuerdo para bonificar el IBI de las viviendas en un 95 por ciento con efecto desde octubre de 2014.
