SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PA en el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), Alberto Mercado, ha anunciado este jueves que, por vía de urgencia, elevará al pleno ordinario que celebra este viernes el Consistorio, una moción reclamando al Gobierno municipal del popular José Luis Sanz "aclaraciones" sobre la sustitución de los servidores informáticos de la administración local. Y es que el PA sospecha de la posible destrucción de pruebas a cuenta de la investigación del contrato gracias al cual el actual concejal de Medio Ambiente del Consistorio tomareño, el popular Juan Campos, trabajó para el Ayuntamiento durante el pasado mandato, cuando aún no formaba parte de la Corporación local.
"Este viernes tenemos un pleno ordinario, sin puntos del Gobierno quizá porque están más pendientes de huir de los jueces que de gobernar Tomares, y llevaremos una moción por urgencia para que el Gobierno local aclare la sustitución de los servidores", ha enfatizado Alberto Mercado en declaraciones a los medios de comunicación durante el pleno de la Diputación provincial, de cuya corporación forma parte. Para él, es "más que sospechoso" que los servidores informáticos estén siendo sustituidos, por lo que reclama que los mismos sean entregados "a la Policía Judicial" para lo que los investigadores "necesiten".
Igualmente, ha lamentado que el Gobierno municipal haya "retirado de las nóminas" de los trabajadores que han testificado ante el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, depositario de las actuaciones, "complementos económicos" de los que gozaban, extremo que ha conectado con la idea de que estos empleados municipales hayan "certificado la inexistencia" de los informes cuya elaboración fue encargada precisamente a Juan Campos. "Pido que no se toque a los trabajadores", ha dicho después de que este mismo jueves el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Tomares, Eloy Carmona, haya comparecido de nuevo como imputado ante el Juzgado de Instrucción número ocho.
Hablamos de la investigación judicial relativa a la contratación del actual edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tomares, Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio tomareño se remonta al pasado mandato.
LA DENUNCIA
Las fuerzas de oposición denunciaban que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori' para justificar el dinero abonado a Campos con cargo a las arcas municipales, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público, dado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los trabajos y pagos se habrían prolongado hasta 2009.
El concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la vigente edil de Cultura y exconcejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; y el propio Juan Campos fueron imputados por el Juzgado de Instrucción número ocho, después de que las fuerzas de oposición elevasen el asunto a la Fiscalía y el Ministerio Público promoviese una denuncia solicitando precisamente la imputación de estos tres cargos públicos. El Ayuntamiento, de su lado, defendía que el contrato en cuestión estaba avalado por los altos funcionarios de la propia Administración local, extremo que éstos habrían confirmado al testificar ante el juzgado.
En las últimas semanas, el juez instructor ha imputado además a la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez (PP), figurando también como imputado el propio vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares.
El Gobierno local, de su lado, está "absolutamente tranquilo y deseando que la Justicia se pronuncie", porque la resolución del procedimiento judicial probará, según el Consistorio, que "nadie cometió ninguna ilegalidad" y que todo es fruto de "una denuncia política falsa de la oposición". "No tenemos nada que temer", enfatizan las citadas fuentes, quienes defienden la legalidad del contrato y alegan que "los trabajos fueron realizados", todo ello "con todos los avales que marcan las leyes", por lo que "todo es fruto de una denuncia falsa", manifiesta el Ayuntamiento".
