SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Andalucía ha convalidado este miércoles, con los votos de PSOE-A e IULV-CA y el rechazo del PP-A, el decreto ley que amplía el objeto y los fines del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) y lo transforma en la Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación (Apaef), que a partir de enero asumirá la gestión de los Consorcios Escuela de Formación Profesional para el Empleo.
Aunque el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Luciano Alonso, ha asegurado ante el Pleno que este decreto tiene como objetivo transformar el antiguo ISE "en una entidad jurídicamente adecuada, imprescindible para implantar el nuevo modelo de consorcios", la diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero ha subrayado que la intención de la Junta es "crear una nueva Faffe", es decir, una "agencia pública opaca para escapar del control del Parlamento y gestionar al menos 270 millones de euros al año".
"No hay sólo un cambio de nombre sino la asunción de toda la formación profesional para el empleo", ha advertido la 'popular', quien ha preguntado al consejero si esta nueva agencia tendrá "el control previo de la Intervención" y si los ayuntamientos ya no van a poder crear escuelas taller en sus municipios.
Según Ruiz Sillero, este decreto ley --para el que el PP-A ha pedido su tramitación como proyecto de ley aunque no ha salido adelante por el rechazo de PSOE-A e IULV-CA-- demuestra que la Junta "no ha aprendido nada" sobre cómo se deben gestionar los fondos públicos y por eso intentan "que no haya control" en los consorcios.
Además, ha asegurado que "detrás de esto" lo que hay es un intento del Gobierno andaluz por "tapar la corrupción", ya que sólo explican que de los 14 consorcios que existían antes se han disuelto tres pero ocultan "a sabiendas" que a esos tres le están reclamando reintegros por irregularidades.
Es lo que pasa, según ha concretado Ruiz Sillero, en el CTI de San Fernando (Cádiz), al que la Junta le "reclama 3,5 millones de euros" por "hacer negocios con el entramado" de las empresas del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda; con el CIO de Mijas (Málaga), al que piden "2,8 millones de euros aunque de eso tampoco quieren decir nada"; y con el de Nuevas Tecnologías de Málaga, donde según la 'popular' también se han detectado "subvenciones irregulares" y cuya disolución está en los juzgados. "Le pido que diga la verdad y aclare qué hay detrás de estas disoluciones", le ha exigido a Alonso.
LA APAEF, "REFERENTE DE EXCELENCIA"
Frente a ello, el consejero ha asegurado que lo que la Junta de Andalucía está haciendo con este decreto ley es "dar luz verde" a un nuevo modelo de gestión en los consorcios que comenzará aplicarse el próximo mes de enero y que "aspira a convertirse en un referente de excelencia en la formación para el empleo desde lo público".
Además, Alonso ha recordado que, junto a este decreto, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 21 de octubre el acuerdo que autoriza la disolución o la separación de manera simultánea o escalonada de los consorcios. "Estas dos medidas habilitarán el nuevo modelo de gestión que garantizará la viabilidad económica, el buen servicio público formativo y la estabilidad de los trabajadores de estos centros", ha enfatizado.
Según ha expuesto, con este nuevo modelo los consorcios "ya no dependerán de una subvención anual sino que se aprovecharán las economías de escala, el conjunto de recursos públicos y se promoverán acuerdos de colaboración con el sector privado que garantice la empleabilidad futura de los alumnos".
Con todo, Alonso sí ha reconocido que este modelo se pone en marcha tras un análisis jurídico y financiero de la situación de la red de Consorcios que tenía como objetivo tratar de "subsanar las deficiencias de estos centros".
En este sentido, el consejero ha hecho referencia a un informe de la Cámara de Cuentas que señala que, "si bien las administraciones que participan en los mismos han de financiar los gastos de los consorcios, cuando se produzca un desequilibrio presupuestario en el porcentaje que establecen sus estatutos, lo cierto es que, hasta la fecha dichos desequilibrios solo han sido cubiertos por la Junta de Andalucía, sin que las corporaciones locales participantes hayan aportado lo que les corresponde normativamente".
Asimismo, el titular de Educación ha explicado que "precisamente la Ley del Gobierno de la Nación de Racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa propicia y facilita la implantación del nuevo modelo de gestión directa de los Consorcios". "Esta normativa, que ya ha supuesto el cierre de 57 organismos en todo el país, aporta una base legal, ya que se garantiza desde lo público el servicio formativo y se regulariza la situación de su personal adscrito", ha destacado.
Igualmente, ha señalado que de los 14 Consorcios que conforman la Red, tres de ellos incurren, según el análisis que se extrae de la Cámara de Cuentas, "en graves deficiencias que hacen inviable su supervivencia", por motivos de desequilibrios económicos y financieros y también porque tienen situaciones jurídicas concretas en su sistema de funcionamiento que los diferencian del resto. Se trata del CTI de Cádiz y Forman de Málaga, ambos gestionados de forma indirecta, y Formades de Huelva.
En estos momentos, según ha indicado, la Consejería ha iniciado la disolución y liquidación de dos de ellos: el Consorcio Centro de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible y el Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga. En cuanto al Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales, la Junta de Andalucía ha ejercido su derecho a la separación del mismo.
La Red de Consorcios Escuelas de Formación para el Empleo gestiona una oferta formativa especializada y adaptada a necesidades específicas de cualificación en sectores económicos de zonas concretas de la comunidad autónoma y está integrada por Mármol en Fines (Almería); Hostelería en Cádiz; Joyería en Córdoba; Madera en Encinas Reales (Córdoba); Artesanía, Restauración y Rehabilitación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en Granada; Hostelería en Islantilla (Lepe, Huelva); Hostelería y Turismo en Puente del Obispo (Baeza, Jaén); Hostelería en Benalmádena (Málaga); La Cónsula (Hostelería) en Málaga, y Artesanos en Gelves (Sevilla).
PSOE-A E IULV-CA APOYAN EL DECRETO LEY
Durante el debate del decreto ley, el diputado socialista Francisco Menacho ha hecho suya una conocida frase del consejero Alonso cuando se refiere a la formación profesional para ensalzar que la Junta esté buscando "soluciones urgentes" y "definitivas" a los problemas mencionados bajo la premisa de "ordenar el pasado, gestionar el presente y diseñar el futuro".
Según ha expuesto, "hay problemas con la formación en toda España" y no sólo en Andalucía, por lo que ha recriminado al PP-A que utilice esta materia políticamente y "para atacar al Gobierno de la Junta, que es el único que está buscando una solución definitiva a esta problemática" con medidas como las que se recogen en este decreto ley que estará vigente a partir del mes de enero.
De su lado, la diputada de IULV-CA Marina Segura ha dicho que espera que con la convalidación de este decreto ley se "garantice la viabilidad, el buen servicio formativo y la estabilidad de los trabajadores" de estos consorcios y se ponga fin así a "los conflictos generados" en las distintas provincias de Andalucía en torno a los Consorcios.
Aún así, Segura ha criticado la actuación del consejero de Educación por "la falta de participación de los representantes de los trabajadores" en la reestructuración de estos consorcios, lo que, en su opinión, "ha provocado la legítima alarma" por parte de algunos sindicatos como CCOO al desconocer qué podía pasar con los empleados de los consorcios que se han disuelto.
