SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con el apoyo de PSOE-A e IULV-CA y el rechazo del PP-A, el decreto ley que blinda las competencias de los ayuntamientos de la comunidad frente a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local aprobada por el Gobierno de la Nación.
En defensa de este decreto ley, ha intervenido en la tribuna de la Cámara autonómica el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, quien ha vuelto a pedir al Ejecutivo de Mariano Rajoy que paralice su reforma de la administración local mientras se pronuncia el Tribunal Constitucional (TC) al respecto del recurso del Gobierno andaluz.
En su opinión, es de "enorme importancia" tener en cuenta los pronunciamientos que en los últimos días han hecho tanto el Consejo de Estado como el propio TC porque, según ha recordado, el primero emitió el 29 de mayo "un dictamen negativo" sobre esta reforma local que sostiene que "existen fundamentos jurídicos suficientes para que los municipios planteen conflicto en defensa de la autonomías local ante el Tribunal Constitucional".
Según ha insistido el vicepresidente, son 87 páginas de dictamen que, pese a no tener carácter vinculante, "expresan en relación al 'coste estándar' que se trata de un cálculo de costes que supone una suerte de derecho de veto por parte de las diputaciones y que, según el documento referido, priva a los municipios de cualquier capacidad de decisión".
Del mismo modo, Valderas ha destacado que el documento del Consejo, en el articulado de la Ley de Reforma Local, señala que "el órgano de representación política de los municipios es el pleno formado por el alcalde y los concejales elegidos democráticamente" y que la junta de gobierno "sólo tiene carácter ejecutivo, con unos representantes elegidos libremente por ella, que no responden a la representatividad del plenario". También considera "contrario a la Constitución quitarle a los municipios menores de 20.000 habitantes sus competencias básicas y propias" como la recogida y tratamiento de residuos o la limpieza viaria.
Estas consideraciones, según Valderas, "confluyen con la tesis del Gobierno andaluz de que la Ley de Reforma Local constituye una injerencia hacia los municipios y ataca el principio de autonomía local que se refleja en la Constitución como la administración más cercana y más eficaz".
Además, según ha añadido el vicepresidente, también el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados contra esta Ley por los parlamentos de Andalucía, Extremadura, Cataluña y Navarra, así como por los gobiernos autonómicos de Asturias, Andalucía, Cataluña y Canarias y por diez partidos políticos.
"Esto indica que Andalucía está en el camino adecuado y parecería juicioso que cuando una alta magistratura como el Tribunal Constitucional admite estos recursos a trámite por conflictos de competencias, esto llevara al Gobierno central a la inmediata paralización de la reforma local, poniendo fin a las peligrosas consecuencias que tiene esta norma que ha llenado de duda e inseguridades el conjunto de los 772 municipios de Andalucía", ha argumentado.
Ante ello, ha pedido la convalidación del decreto ley con el objetivo de "proteger la arquitectura normativa andaluza, la autonomía de nuestros municipios y nuestra apuesta por la descentralización política y administrativa".
PP-A: EL "BIPARTITO MIENTE" A LOS ANDALUCES
La portavoz del PP-A Ana Mestre ha afeado al Gobierno andaluz su "sectarismo y arrogancia" por hacer de "su capa un sayo" y presentar "de forma unilateral" este decreto ley que propone "medidas cautelares" incluso antes de que se haya pronunciado el Tribunal Constitucional al respecto del recurso de la Junta a la Ley de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local.
Según Mestre, este decreto ley demuestra que el "bipartito" gobierna "a golpe de decreto ley" y con la única intención de "confrontar permanentemente con el Gobierno de Mariano Rajoy" y de "mentir" a los ciudadanos, a los que "alarman" con "discursos y mentiras" como los de que la reforma local va a provocar despidos.
"Están jugando con los puestos de trabajo de cientos de miles de ciudadanos", ha reprochado a Valderas para lamentar también "el interés partidista del Gobierno de la señora Díaz", al que acusa de elaborar un texto "sin base legal y poco sostén jurídico" que "en nada tiene que ver con el blindaje que dicen que van a hacer".
PSOE E IU: "MENOS PATRIOTISMO DE SALÓN"
Frente a ello, la diputada socialista Clara Aguilera ha pedido al PP-A "menos patriotismo de salón" y más "defensa de los derechos de las personas" porque, en su opinión, el decreto ley de la Junta es el único que "salvaguarda las 29 competencias propias que están recogidas en el Estatuto andaluz para nuestros ayuntamientos mientras no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad" que la Junta ha presentado ante el TC.
Entre los aspectos que Aguilera ha destacado de este decreto ley, ha considera "acertado y adecuado que se acote todo lo referido al concepto de duplicidad" para que el PP-A no pueda utilizar como argumento, "para manipular, eso de una administración una competencia". "¿Quién no va a estar de acuerdo con esto?", se ha preguntado para visibilizar dicha "manipulación".
Finalmente, el diputado de IULV-CA Juan Serrano ha señalado que este decreto ley "protege 40.000 empleos públicos que estaban en riesgo por la reforma local" del Gobierno, que se aprobó "en la más triste soledad y sin negociación del resto de grupos políticos".
También ha criticado que el PP-A se oponga a este decreto ley que pretende evitar una reforma local estatal que "abre la puerta a la privatización de los servicios públicos".
