ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
Al término de la última reunión de la comisión de investigación creada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) sobre la gestión de los fondos públicos transferidos a la Fundación Alcalá Innova, que había licitado un "diagnóstico de percepción social sobre la ciudad y su gestión" incluyendo "una estrategia de reposicionamiento" para "optimizar la imagen del alcalde", el PP alcalareño concluye en un comunicado que en 2010 la entidad financió "una consulta" ciudadana que incluía "de manera camuflada, cuestiones de carácter político para conocer la valoración del equipo de gobierno y el alcalde de cara a los comicios municipales de 2011".
Desde el PP, "tras analizar la escasa documentación presentada por parte de la dirección de la fundación", tienen claro que todos los indicios apuntan a que ésta ha sido "seleccionada y estudiada" antes de ser entregada al Partido Popular, ya que se ha podido observar cómo los índices de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas "no se corresponden con la documentación desglosada de esos mismos pliegos con una numeración totalmente distinta".
En el mismo sentido, los populares han detectado que en el contrato a la empresa adjudicataria (del estudio de 2010, pues el de 2014 fue finalmente anulado), se hace referencia a los anexos I y II "que no han sido mostrados, concretamente, el que más sospechas genera es el que tendría que adjuntar el pliego firmado y aprobado por la empresa contratada".
Además, la mayoría de la documentación aportada a la comisión de investigación ha estado formada por "partes de un expediente fotocopiado y tan sólo en algunos casos se han facilitado los documentos originales".
"DUDAS"
El procedimiento de contratación llevado a cabo para la selección de la empresa adjudicataria en 2010, ha sido también "objeto de dudas por las supuestas irregularidades que presenta, como pueda ser el hecho de que de las empresas invitadas para la licitación, la actividad de una de ellas no parece que se ajuste a la naturaleza del encargo, y otras, comparten cargos de dirección".
Los populares sostienen que desde la fundación tenían claro cuál de las tres empresas tenía que ser la adjudicataria y que todo el procedimiento era una "vulgar farsa" para aparentar transparencia en la contratación.
El Partido Popular le ha exigido a Miriam Burgos, la portavoz del equipo de Gutiérrez Limones, que "si no tiene nada que ocultar", entregue la documentación "completa y original" del expediente de contratación, y sobre todo, las encuestas donde la empresa de sondeos preguntó a los ciudadanos "por su valoración del equipo de gobierno, su gestión y su conocimiento y valoración sobre los distintos proyectos municipales", unas preguntas a todas luces de un claro marcado carácter político, que se encontraban en el contrato con la empresa adjudicataria de los trabajos.
Estas preguntas, no aparecían en los pliegos ni en los resultados de la encuesta aportados a la comisión. Para los populares, el remate de todo el entramado orquestado por el gobierno para realizar sus encuestas electoralista, es que no sólo se usó el dinero público para tales fines partidistas, sino que además, se pagó sin justificación alguna 20.000€ más de los 55.000€ previstos "como máximo", así, el contrato señalaba expresamente que todos los gastos derivados del encargo serían asumidos por la empresa adjudicataria.
Según la popular María del Carmen R. Hornillo, "los ciudadanos deben saber que su dinero se ha usado con fines partidistas e intereses electorales del alcalde".
