SEVILLA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla criticó hoy las "opiniones contradictorias" del alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín, en materia de prostitución por haber opinado "que la ordenanza antivandálica no era la norma adecuada para la lucha contra la prostitución y preferir recogerla en una ordenanza específica".
En un comunicado, el PP aseguró que el alcalde "ha sido incapaz de apoyar que se multe a los clientes de las prostitutas y ahora dice que llevará a cabo un plan específico, mientras que además se ha sacado una carta que no tenía cuando rechazó las alegaciones del Grupo Popular".
Así, para el PP, "esto demuestra la actitud del primer edil hispalense cuyas opiniones son totalmente contradictorias de un día para otro puesto que primero dijo que iba a apoyar las alegaciones para multar a los clientes, después las rechazó en el Pleno y ahora dice que va a realizar una ordenanza específica para este asunto".
En este línea, destacó que Sánchez Monteseirín "se atrevió a decir en el Pleno algo tan contradictorio con el anuncio hecho hoy como que las competencias de la Policía Local en este sentido no son más que velar el cumplimiento de las ordenzazas y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", por lo que al Consistorio "no le corresponde" actuar en este asunto.
De igual modo, manifestó no entender por qué el alcalde rechazó las alegaciones de incluir la prostitución en la herramienta normativa que supone la ordenanza antivandálica y que presentó la oposición y para ahora volver a cambiar de opinión.
"Cuando el alcalde se niega a incluir este asunto en la nueva ordenanza, no está diciendo no al PP, está diciendo no a los muchos vecinos de Santo Domingo de la Calzada y su entorno que tienen un grave problema de convivencia y que el ejercicio de la prostitución en la calle está ocasionado problemas de convivencia en algunos barrios de Sevilla donde hasta ahora no habían existido", añadió.
Concretamente, la propuesta del PP consistía en una sanción con multas de 751 euros hasta 1.500 euros a aquellas personas que requieran los servicios de los que ejercen la prostitución. En el caso de que las relaciones sexuales retribuidas fueran mantenidas en espacio público, la conducta sería sancionada como falta grave con multas de entre 1.500 y 3.000 euros.
