SEVILLA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) quiere que la Junta de Andalucía ponga en marcha una campaña informativa dirigida a la plantilla de Administración de Justicia sobre posibles riesgos y acciones preventivas a adoptar ante la alerta internacional declarada por la Organización Mundial para la Salud (OMS) por el brote del virus ébola.
Este sindicato ha registrado este lunes un escrito dirigido al consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, en el que expresa su "inquietud y preocupación ante la falta de información y formación" por parte de los trabajadores de la Administración de Justicia y recuerda que "España es frontera europea con África y Andalucía es la región peninsular limítrofe más cercana al epicentro del brote".
En el escrito, consultado por Europa Press, el STAJ señala además que Andalucía se puede considerar "puntos calientes de paso" de personas procedentes de zonas en riesgo por "los incesantes flujos de migración" derivados de la cercanía de Ceuta y Melilla y de la llegada de "inmigración irregular a toda la costa andaluza, con especial mención a las ciudades de Algeciras y La Línea por el ingente transito procedente y con destino África, así como Cádiz, Málaga y Sevilla por sus conexiones aeroportuarias y marítimas con el continente africano".
El sindicato hace especial hincapié en la "preocupación" existente entre los trabajadores de registros civiles y juzgados de instrucción y los funcionarios de institutos de medicina legal "que por su ubicación geográfica han de atender a gran número de personas con riesgo de padecer la enfermedad".
Ante el "hipotético perjuicio para la salud de los trabajadores de la Administración de Justicia", el STAJ pide en primer lugar información sobre los "riesgos específicos" derivado de la alerta decretada por la OMS junto a otras medidas como una campaña informativa a todos los centros de destino "sobre la existencia o no de riesgo biológico y, en su caso, actuación preventiva aconsejada".
Según el sindicato, dicha campaña formativa "debe ser impartida por la propia Consejería y/o personal funcionario especializado y en ningún caso por organizaciones externas a la Administración, en aquellos supuestos de especial riesgo". A su juicio, "la situación debe ser controlada sin atisbo de duda y con el máximo rigor".
