El juzgado citó a Juan Carlos Cabrera para que testificase por el asunto el 19 de julio de 2017
SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
En el marco de la investigación de los presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones en la parada de taxis del aeropuerto de Sevilla, la Brigada de Información de la Policía Nacional sostiene que la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, con sede en el propio recinto aeroportuario, ha aplicado "su propio calendario de descanso" en dicha parada o "se arroga la potestad sancionadora de la administración", incurriendo en una "conducta coactiva contra el derecho de los trabajadores".
Esta causa judicial deriva de la investigación policial relativa a los citados y supuestos casos de acoso, violencia y amenazas de taxistas a conductores de VTC que trabajan en Sevilla para empresas de alquiler de coches con chófer como Cabify.
Dicha investigación, promovida por la Brigada de Información de la Policía Nacional, sumaría al menos 32 taxistas investigados, dividiéndose en unas diligencias sobre las situaciones vividas por los conductores de VTC y otras actuaciones judiciales por los servicios relacionados con la parada de taxis del aeropuerto hispalense, regidos por una tarifa única.
En las segundas diligencias, en ese sentido, figuran como investigados los principales dirigentes de Solidaridad Hispalense del Taxi, entre ellos Enrique Filgueras y otros miembros del organigrama de dicha organización como Antonio Velarde o Francisco Ternero, toda vez que esta organización está radicada precisamente en un local del aeropuerto de Sevilla y no pocas voces avisan de un supuesto monopolio de la parada de dicho recinto, que como se ha señalado está sujeta a una tarifa única que oscila entre 22,3 y 24,3 euros.
En este contexto, un atestado de la Brigada de Información de la Policía Nacional fechado en julio de 2017, elevado al Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla como encargado de la investigación y recogido por Europa Press refleja el contenido de las actas de la comisión de conflictos de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, merced al material recogido cuando los agentes registraron aquel año la sede del colectivo.
En su atestado, los agentes dan cuenta de documentos de la comisión de conflictos de Solidaridad Hispalense correspondientes a 2009, 2010 y 2011, con sanciones en las que la organización "prohíbe" por ejemplo a uno de sus miembros "trabajar exclusivamente en el aeropuerto, sin referirse a las instalaciones de la asociación ni en la ciudad". "¿Qué potestad tiene la asociación para restringir el servicio en el aeropuerto?", preguntan retóricamente los investigadores.
"MECANISMO DE PROTECCIÓN AL LÍDER"
En otras sanciones, según la Policía, otros taxistas son sancionados con "siete días sin poder ocupar esta parada", con el aviso de que "ante cualquier duda se podrá dirigir al secretario de la organización, nunca al presidente, caso contrario la sanción se duplicará", lo que a juicio de los agentes induce a pensar en un "mecanismo de protección del líder contra posibles disidencias".
Los agentes señalan además que en las alegaciones de un taxista miembro de Solidaridad Hispalense frente a una sanción de la asociación, éste alega que "ocupa en el aeropuerto los días que le pertenecen", con lo que "cabe entender que hay días que no puede ocupar el aeropuerto como tal". De estos extremos, a juicio de los agentes, se infiere "que la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi impone su propio calendario de días de descanso o bien se arroga la potestad sancionadora de la administración por ese concepto de la libranza según el calendario oficial del Instituto del Taxi".
Insistiendo en sanciones que impondrían a los asociados de Solidaridad Hispalense la prohibición de "incorporarse a la parada de taxis del aeropuerto", los investigadores exponen que "las personas sancionadas son expuestas públicamente para que los demás sepan que no pueden cargar (viajeros) en el aeropuerto y, aparte del escarnio público, es una llamada a la colaboración a los demás para que, dentro de esa relación de hermandad fraternal basada en la solidaridad de los miembros, cuiden entre todos de que las sanciones se cumplen e impidan los incumplimientos de las sanciones".
Además, señalan los agentes unas "cartas de expulsiones" a un miembro de la organización por una "falta muy grave" derivada de "no asistir a una concentración" y a otro más por "haber faltado a una movilización", así como anotaciones en los documentos de la entidad con el título "compañeros insolidarios que trabajan el día de la asamblea gremial".
"MEDIDA DE PRESIÓN AL AYUNTAMIENTO"
Al respecto, la Policía señala que "del estudio de las cartas de sanción, se ha visto que el motivo en muchas ocasiones era el no asistir a reuniones y asambleas y en ese caso lo que se pretendía era que no se trabajase como medida de presión al Ayuntamiento". Se trata, así, de una "conducta coactiva contra el derecho de los trabajadores", según interpretan los investigadores de la Brigada de Información de la Policía Nacional.
Del mismo modo, ha trascendido que el Juzgado de Instrucción número ocho, encargado de esta investigación, ordenó el 10 de julio de 2017 que el concejal de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, testificase el día 19 de julio de aquel año, según un oficio de dicha instancia judicial recogido por Europa Press.
