ZARAGOZA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Codesport, Agapito Iglesias, ha asegurado en las Cortes de Aragón que desde su empresa "no se ha facturado absolutamente nada que no se haya ejecutado" en las obras realizadas en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), para afirmar, igualmente, que "no hay injerencia por parte de nadie" en la actuación de su compañía en este ámbito.
Así lo ha expresado ante la Comisión de Investigación del Parlamento aragonés creada para estudiar, analizar y depurar las responsabilidades políticas, si las hubiera, sobre la organización, funcionamiento y gestión de la sociedad pública Plaza y el desarrollo del proyecto de la Plataforma Logística de Zaragoza.
La comisión ha iniciado este lunes, 16 de junio, las primeras comparecencias, que tienen carácter público. En total, han sido llamadas a declarar en esta jornada 16 personas del ámbito técnico y empresarial que participaron en la toma de decisiones de los hechos que se estudian.
Iglesias, que ha hecho una breve intervención al principio y al final de la comisión, se ha acogido a su derecho de no declarar "que me confiere la Constitución española" para no contestar a ninguna pregunta.
Asimismo, ha pedido que los diputados tuvieran en cuenta sus declaraciones en los dos juzgados de instrucción de Zaragoza que están tramitando procedimientos penales --actualmente en fase de investigación-- sobre la sociedad Plaza y sobre la plataforma, ante los que "he prestado declaración y contestado a todos los puntos que se me preguntaron, aclarando todas las dudas y colaborando en todo momento para que se esclarezca la verdad".
Agapito Iglesias está imputado por falsedad documental en la investigación que dirige el juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, Ignacio Martínez, sobre un presunto desvío de 50 millones de euros en las obras de construcción de la plataforma logística Plaza.
Asimismo, lo está por malversación de caudales, administración desleal y presunta estafa en la investigación del juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, del sobre coste en la construcción por parte de Codesport de unas naves en Plaza, que fueron vendidas a la empresa Autoplaza, actualmente llamada Autocity.
PERITAJE
Agapito Iglesias ha asegurado que "en el momento en que la Justicia nos permita presentar el peritaje de lo ocurrido y las pruebas necesarias documentales, quedará todo aclarado" y ha pedido poder aportar también ante la comisión de investigación de las Cortes esa documentación para "demostrar", y "que a todos ustedes se les aclaren las ideas", que "no hay injerencia por parte de nadie".
El empresario ha expresado su "máximo respeto a esta comisión y sus diputados" y les ha pedido "disculpas" por no haber respondido. No obstante, ha asegurado que "la mayoría de las preguntas que se me han hecho están contestadas" en su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, mientras que en la peritación e informe que Codesport ha realizado para los juzgados "está aclarado de donde nace y por qué, y cuáles son los motivos" en lo relativo "a los desfases y demás".
Aunque Iglesias ha anunciado que no iba a responder, los diputados han formulado de todas formas las preguntas para que el empresario las conociera y pudiera contestarlas posteriormente si lo deseaba, así como para que figuraran en la transcripción del orden del día de la comisión.
Los parlamentarios miembros de esta comisión son por el PP y actuando como coordinador de la misma, el portavoz de este grupo en las Cortes, Antonio Torres, así como los portavoces en la Cámara aragonesa del PSOE, Javier Sada, de CHA, José Luis Soro, y de IU, Patricia Luquin, y el diputado del PAR, Joaquín Peribáñez.
En las sesiones de la mañana, también se han acogido a su derecho de no declarar otros tres imputados en la investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza sobre el desvío de 50 millones de euros en las obras de construcción de la plataforma logística.
Concretamente, los responsables de la constructora Acciona Miguel Ángel Bretón y José María Jordán --que ha participado en la comisión a través de videoconferencia por residir y trabajar actualmente en Brasil-- y el consultor de Intecsa, Nicolaas Groneveld.
Además, el exconsejero delegado de la Corporación Empresarial Pública, Santiago Coello, no ha comparecido por no haber sido posible localizarlo, por lo que se volverá a intentar contactar con él para que acuda a una de las sesiones programadas en las próximas semanas.
PRESIDENTE DE AUTOCITY
Entre los comparecientes que sí han intervenido se encuentra el presidente de Autocity, Carlos Miguel Oehling, empresa que anteriormente se llamaba Autoplaza, quien ha explicado que el contrato de arras firmado en febrero de 2006 por su empresa para la compra de 119 naves, en dos fases, en la Plataforma Logística de Zaragoza con el modelo de 'llave en mano', se elevó a 38 millones de euros, 21,4 para la primera fase y 16,8 para la segunda, si bien solo se escrituró la primera y se rescindió la segunda tras las diferencias surgidas.
Según ha relatado, de la primera se pagaron esos 21,4 millones de euros más las modificaciones que aceptaron, mientras que renunciaron al contrato de la segunda fase y decidieron resolverlo por "no estar de acuerdo en los sobrecostes" ya que eran "cantidades nada despreciables que nosotros no podíamos asumir", si bien ha dicho que no recordaba exactamente la cifra.
Oehling ha indicado que existía un 'Documento 0' donde se recogían las características de la construcción y el procedimiento de realizar las modificaciones en las naves, según el cual "nosotros las solicitábamos a Codesport, este las autorizaba y se procedía a hacerlas, asumiendo los costes nosotros", documento suscrito por Plaza, Codesport y su empresa.
Respecto los modificados que se querían aplicar a las naves en la segunda fase y que su empresa no quiso asumir se encontraban movimientos de tierras y unos terraplenes, además de que "la calidad de las naves de la primera fase no era la que esperábamos". Por esto último, presentaron algunas reclamaciones por escrito, aunque no ante los tribunales.
Oehling ha asegurado que "ni Codesport, ni Plaza nos dieron explicaciones, ni justificación, ni apoyo" ante el auxilio pedido a esta última por lo que mostraron su "disconformidad", para reconocer que la relación con Codesport "no era muy fluida" y asegurar que pidieron que el consejo de administración de Plaza conociera y aprobase "la operación" y "la mecánica posterior".
Finalmente, ha dicho que en la reunión en la que su empresa comunicó la resolución del contrato de la segunda fase sí estuvo presente el exconsejero delegado de Plaza, Carlos Escó, si bien sus relaciones con Plaza fueron siempre a través del gerente, Ricardo García Becerril, y sus técnicos, mientras que con Escó los contactos fueron "puntuales".
