Anuncian que acudirán al Fiscal Superior de Aragón y pedirán una comisión de investigación en las Cortes autonómicas
ZARAGOZA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa lamenta que la Fiscalía General del Estado haya archivado las investigaciones realizadas a raíz de una denuncia de esta Asociación sobre las irregularidades presuntamente cometidas por el presidente de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL), Jesús Solá.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha recibido, este miércoles, la comunicación de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado en la que se les informa de que las investigaciones concluyeron el pasado 24 de febrero de 2010 con su archivo, "por no considerarse los hechos constitutivos de delito alguno", según se señala en la citada comunicación.
Asimismo, en el caso de desearse una información más detallada sobre las actuaciones llevadas a cabo, se sugiere a la Asociación dirigirse a la Fiscalía Provincial de Zaragoza, al ser dicho órgano el que conoció del asunto, precisan desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa en un comunicado.
Mediante el citado escrito se dar respuesta a la solicitud de información efectuada desde esta Asociación, formulada el pasado mes de julio al amparo del derecho fundamental de petición, en la que se sugería a la Fiscalía General del Estado la oportunidad de que el Ministerio Fiscal informase a la opinión pública sobre el tratamiento dado a la denuncia realizada, el tipo de investigación realizada y las conclusiones obtenidas, incluyendo la calificación jurídica atribuible a las irregularidades denunciadas al objeto de su consideración como posible infracción penal.
La simple comunicación del archivo de las actuaciones a la persona denunciante, con una demora de seis meses y a requerimiento de la entidad denunciante, sin ninguna otra información adicional, "no parece una respuesta satisfactoria a la petición formulada", estiman desde la citada Asociación.
"Entendemos que constituye una obligación del Ministerio Fiscal informar a la opinión pública aragonesa de las actuaciones llevadas a cabo en relación con las irregularidades cometidas por el entonces presidente de ASAEL y ampliamente destacadas por la prensa aragonesa, por tratarse de un supuesto singular de mala gestión de fondos públicos, con claras implicaciones políticas e institucionales", agregan desde esta Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.
"A la opacidad del funcionamiento de las instituciones políticas, desde las cuales no se ha deseado promover ninguna investigación sobre los hechos, no cabe añadir la opacidad de las instituciones de control a las que se encomienda expresamente la defensa de la legalidad y del interés público".
La sospecha o "apariencia de corrupción que generó la información publicada hace un año por la prensa aragonesa -que ha llevado, incluso, a la disolución de la entidad- no puede quedar asociada en la conciencia ciudadana a la sospecha o apariencia de impunidad que podría derivarse de un archivo de actuaciones insuficientemente razonado".
ACUDIRÁN AL FISCAL SUPERIOR DE ARAGÓN
Por ello, esta Asociación, de acuerdo con la sugerencia de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, se dirigirá al Fiscal Superior de Aragón, con el fin de que, en su calidad de máximo representante del Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma, "dé a conocer a la opinión pública aragonesa las actuaciones de investigación llevadas a cabo en relación con las irregularidades denunciadas en su día.
Además, confían en que el Fiscal Superior de Aragón "motive suficientemente las circunstancias que permiten concluir que tales irregularidades carecen de relevancia penal para ejercer la acción pública en defensa de la legalidad y del interés público".
Asimismo, y dado que el cese de actuación del Ministerio Fiscal descarta cualquier interferencia posible en la actuación de los órganos del poder judicial, esta Asociación también se dirigirá a las Cortes de Aragón para solicitar la creación de una comisión de investigación en relación con el destino de los fondos públicos transferidos a ASAEL, por cualquiera de los posibles conceptos, desde los distintos Departamentos del Gobierno de Aragón.
