ZARAGOZA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La directora general de Política Educativa del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Carmen Martínez Urtasun, defendió hoy la "fiabilidad" de la prueba de evaluación de diagnóstico del sistema educativo aragonés realizada por primera vez el curso pasado, mientras que el Partido Popular (PP) la cuestionó, Chunta Aragonesista (CHA) pidió más medios e Izquierda Unida (IU) quiso conocer cómo van a incidir los resultados en la mejora educativa.
Carmen Martínez Urtasun compareció hoy ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón, a petición de la consejera del ramo, María Victoria Broto, para informar de la citada prueba de evaluación, que se realizó entre marzo y mayo del curso 2008-2009.
La directora general recordó que se evaluaron las competencias básicas del alumnado de cuatro de Educación Primaria y segundo de Educación Secundaria Obligatoria en Matemáticas, competencia lingüística en castellano y 'Aprender a aprender'. En las pruebas participaron más de 23.000 alumnos --10.600 en Primaria y 12.600 en Secundaria-- de 576 centros de toda la comunidad --371 de Primaria y 205 de Secundaria--.
La directora general remarcó que participaron todos los alumnos de los centros, si bien "se excluyó del cómputo de resultados" a los alumnos inmigrantes "que desconocen el idioma y a alumnos con necesidades educativas especiales que, por su discapacidad, "no pueden comprender la prueba", y precisó que son un número de alumnos "escaso".
Asimismo, reconoció que hubo algún centro que cometió "irregularidades" al dar más tiempo para hacer las pruebas o haber ensayado previamente a la ejecución oficial de la misma, si bien "estadísticamente" el número "no es significativo" y no altera el resultado global, aunque "sabemos qué centros son" y "se les está haciendo un seguimiento para decirles que eso sólo puede ir en su contra".
Al respecto, precisó que es un "autoengaño" y aseguró que, "si persisten" en las pruebas que se realizarán este curso "tomaremos alguna medida", para añadir que la evaluación no se hace para establecer un ranking de centros ni para hacer públicos los datos. Las pruebas de este año será en abril y mayo y se evaluará las competencias lingüística en inglés y el conocimiento e interacción con el mundo físico.
CORRECCIÓN DE RESULTADOS
La directora general también se refirió a la mejor fórmula para la corrección de los resultados, que en Aragón realizan los profesores de los mismos centros y después se tratan estadísticamente por una empresa externa. Martínez Urtasun señaló que "básicamente, todas las Comunidades autónomas hemos seguido el mismo criterio".
Así, relató, sólo el País Vasco ha hecho una contratación "absolutamente externa del procedimiento", sólo en La Rioja el profesorado ha cobrado por llevar a cabo la evaluación y sólo en Murcia se ha efectuado una corrección externa de las pruebas.
En referencia a que sean los docentes de los propios centros los que corrigen sus pruebas, la directora general trasladó su "confianza en nuestro profesorado" y por eso "no hemos desconfiado de los resultados", y apuntó que se ha aplicado una muestra de control, de forma que la empresa externa extrajo una muestra de las correcciones y "verificó que eran las correctas, ratificando la total confianza en nuestros centros y en el profesorado".
La directora general estimó que todavía no es posible extraer "consecuencias" sino sólo los datos estadísticos de la evaluación, que "estamos analizando" y que han servido para que cada centro, al que se le ha facilitado un informe confidencial detallado de sus datos, comparados con la media de Aragón, elaborara en el primer trimestre de este curso los planes de mejora.
Estos planes "ya están realizados y aprobados por el Consejo Escolar de cada centro" y "los están llevando a cabo ahora, con el asesoramiento y acompañamiento de la inspección educativa".
Además, anunció que, cuando se apruebe la ley de educación de Aragón, se creará un Instituto de evaluación, organismo que tendrá "más potencial" para "ir estudiando los resultados de la evaluación y aplicar políticas de mejora" porque el objetivo final es "mejor el éxito escolar" y "reorientar" la política educativa, si es preciso.
NO ACERTADO
La diputada del PP, Ana Grande, opinó que el proceso "no es el acertado" y deja "bastante que desear" porque es "incompresible" que los profesores que están dando clases en los centros corrijan las pruebas y recordó que el Justicia de Aragón realizó un informe de oficio en el que recomienda que las correcciones las realicen personas ajenas al centro porque sino "se quiebra el principio de objetividad e imparcialidad".
Además, criticó que se excluya a algunos alumnos de la evaluación y que sea una empresa privada la que tabule los resultados ya que en el Departamento "tienen suficiente personal para hacerlo". Grande pidió que se modifique el procedimiento porque "lo demás no van a contribuir a mejorar de la calidad educativa, por mucho que ustedes se empeñen", cuando en Aragón el fracaso escolar "aumenta", según el último informe del Ministerio de Educación de mayo de 2009, dijo.
La diputada de CHA, Nieves Ibeas, se interesó por la fiabilidad de las pruebas y el control a los centros y consideró que si la evaluación se realizara por personal externo "sería más fiable", aunque también "más caro", al tiempo que estimó que lo importante es "el compromiso de cada centro con las medidas de mejora" por lo que reclamó a la Administración una "ayuda adicional" para quien lo requiera en medios materiales, así como el "apoyo" al profesorado.
El diputado de IU, Adolfo Barrena, quiso saber si una vez evaluados los centros, los datos se han trasladado a éstos, a las familias y los alumnos y se hace un seguimiento para que los objetivos educativos "se cumplan" y mejoren, y se interesó por si los resultados afectarán, por ejemplo, en la revisión del currículum educativo aragonés.
EJEMPLAR
El portavoz del grupo del Partido Socialista, Carlos Álvarez, uno de los grupos que apoyan al Gobierno, aseguró que el proceso se ha realizado "de forma ejemplar" con la finalidad "de contribuir a la mejora de las acciones educativas", como también se hacen en los países más avanzados del entorno desde hace décadas".
Agregó que por ser la primera vez "ha podido haber elementos mejorables" y mostró su confianza "en la objetividad y profesionalidad del profesorado", para indicar que "si la ponen en duda", también se podría hacer lo mismo con "cualquier proceso de evaluación ordinaria", cuando "falsear o preparar a los alumnos no tiene ningún sentido porque la resolución es para el propio centro".
La diputada del Partido Aragonés, María Herrero, el otro Grupo que apoya al Gobierno, subrayó que el objetivo de estas pruebas no es el control de los centros "sino la mejora del sistema y de los resultados de los alumnos".
Por eso, argumentó, es "importante" la comunicación con los centros, que "tienen que conocer los resultados y compararse con otros para saber si funcionan mejor o peor". Además, señaló que "hay que asegurar la fiabilidad" y, "si en algún caso, ha habido algún problema, atajarlo" ya que "no tiene sentido autoevaluar para engañarnos".
