ZARAGOZA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Diputación Permanente de las Cortes de Aragón ha convalidado este miércoles el decreto-ley 3/2018 del Gobierno autonómico que va a permitir la tramitación anticipada de expedientes de gasto relativos a contratos públicos y subvenciones que dependen de financiación externa, como puede ser el Fondo de Inversiones de Teruel o la gestión del 0,7 por ciento del IRPF.
El documento ha recibido 12 votos a favor de PSOE, Podemos y Grupo Mixto y 11 abstenciones de PP, Partido Aragonés y Ciudadanos, que se han mostrado a favor del fondo de la propuesta, pero en contra de las formas.
El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha iniciado el debate exponiendo los argumentos para presentar este decreto-ley, esgrimiendo el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año y puesto que hasta ahora "no se permitía la gestión anticipada dentro del presupuesto del año en curso".
Con este decreto-ley, se plantea reformar la ley de Contratos y la ley de Hacienda para "adelantar la tramitación de los expedientes", aunque la decisión final de la adjudicación quedará a expensas de contar con la partida presupuestaria correspondiente aprobada. Se otorga "más rapidez en la gestión, pero no en la decisión final" con el objetivo de alcanzar "más eficacia y eficiencia para los ciudadanos", ha señalado Gimeno.
La diputada del PP, Yolanda Vallés, ha explicado que su grupo está de acuerdo en el fondo de la cuestión, "sobre todo en contratación pública y subvenciones, que se han complicado mucho técnicamente para garantizar el control y la transparencia", pero no en las formas por la falta de oportunidad de presentarla ahora, cuando esto "ya era necesario hace tiempo, pero quizá entonces no era tan electoral". "No es una cuestión de urgente necesidad" como para convocar la Diputación Permanente, ha opinado.
Además, ha estimado que el Gobierno "está empezando a abusar del decreto-ley", a pesar de que se podía haber aprobado anteriormente a través de la ley de Presupuestos, como han hecho otras Comunidades, o incluirlo en la ley que se está tramitando en el Parlamento aragonés de uso estratégico de la contratación pública, mientras que el decreto-ley "no es el elemento más adecuado para la participación" y ya se ha usado en otras tres ocasiones para la ley de contratos.
IMPOSIBLE
El diputado del PSOE, Alfredo Sancho, ha sostenido que "la ejecución de muchas de las actuaciones del Gobierno de Aragón dependen de recursos externos y por eso es imprescindible poder realizar una tramitación anticipada de distintos expedientes de gasto", cuando resulta "imposible dentro del mismo ejercicio" y ha apuntado que esta reforma se hace extensible a los organismos públicos y entidades vinculadas a la Administración autonómica, como la Universidad de Zaragoza.
El diputado de Podemos, Héctor Vicente, ha considerado que esta convalidación "no supone una modificación legislativa controvertida, ni es de calado", sino que modifica puntualmente dos leyes "para agilizar trámites en contratación, subvenciones y ayudas dependientes de otras Administraciones" y así evitar "perder dinero por no haberlos cumplimentado", adaptándose "a la realidad política" actual de "pluralidad" que incide en la tramitación de los Presupuestos, y que "va a ser así a medio y largo plazo".
No obstante, ha estimado que este decreto-ley "llega un poco tarde" y se ha de aprobar por una Diputación Permanente "que debería estar reservada para casos urgentes; ahora lo es, pero porque el Gobierno no ha hecho los deberes a tiempo".
La parlamentaria del PAR, Elena Allué, ha explicado que su grupo no podía votar en contra de "favorecer la mejora de la gestión", pero tampoco a favor cuando el argumento de convocar una Diputación Permanente el 1 de agosto es la urgencia puesto que "ya se sabía con antelación" que la aprobación de los PGE se iba a retrasar y se podía haber planteado desde enero, pero se hace así por una cuestión "electoralista" de "querer, sin dinero, tramitar expedientes para vender algo que no se sabe si se va a poder pagar".
El diputado de Cs, Jesús Sansó, ha comentado que su grupo "no va a entorpecer la labor del Gobierno y nunca nos opondremos a la agilidad, eficiencia y control", pero ha lamentado que durante tres años "no hayan querido tener otros socios de gobierno sensatos" que hubieran colaborado en vez de tener a los aragoneses "como rehenes en ese juego de presento los presupuestos cuando me interesa y ya veremos cómo dejo fuera de juego al resto de fuerzas parlamentarias".
La diputada de IU-Grupo Mixto, Patricia Luquin, ha manifestado que fruto de la actual "pluralidad" política van a ser difíciles las mayorías absolutas y se va a necesitar "diálogo y pactos" por lo que "aprobar los presupuestos va a ser mucho más complicado" y por eso se ha mostrado a favor de adelantar la tramitación, "sin saltarse ningún tipo de paso" y con transparencia.
PRIMERA DE LA LEGISLATURA
La Diputación Permanente celebrada este miércoles es la primera de esta IX legislatura. Tras la convalidación del decreto-ley, la presidenta del Parlamento, Violeta Barba, ha preguntado sobre la posibilidad de que este fuera tramitado como proyecto de ley, cuestión que no ha solicitado ningún grupo.
La Diputación Permanente es el órgano al que corresponde velar por los poderes de las Cortes de Aragón cuando finaliza el período ordinario de sesiones --como ha ocurrido este miércoles-- o están disueltas por haber expirado su mandato.
Su regulación en el nuevo reglamento se establece del artículo 98 al 101 y está integrada por la presidenta de las Cortes, quien la preside, así como por los demás miembros de la Mesa de las Cortes y 18 diputados más, que guardan la proporcionalidad del pleno.
