OVIEDO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez, ha propuesto este martes ante el Consejo Asturiano de la Mujer solicitar la retirada de la reforma legislativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Según señalan desde el Ejecutivo autonómico, el consejero convocó el máximo órgano representativo autonómico en materia de igualdad "para analizar las consecuencias de un proyecto de ley que está generando un amplio rechazo social".
De este modo, el Consejo Asturiano de la Mujer ha iniciado el análisis y debate del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo a petición del consejero de Presidencia "para decidir si se reclama la retirada de una iniciativa legislativa que ya ha generado una importante contestación ciudadana".
"Dada la relevancia e incidencia social de la iniciativa legislativa impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Gobierno del Principado ha considerado oportuno recabar la opinión de los colectivos ciudadanos representados en el Consejo Asturiano de la Mujer y adoptar una posición que concite el más amplio de los consensos", apuntan desde el Gobierno asturiano en nota de prensa.
El Gobierno del socialista Javier Fernández estima necesario "sumar la reflexión y la opinión de las más de 30 organizaciones y entidades representadas en el Consejo Asturiano de la Mujer, al ser el máximo órgano de participación, consulta y asesoramiento del Principado en materia de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres".
"Un diálogo y una búsqueda de consenso que contrata con el enorme secretismo con el que se ha diseñado esta nueva regulación sobre la interrupción voluntaria del embarazo", precisó el consejero de Presidencia, añadiendo que Asturias, como el resto de las comunidades autónomas, "no fue convocada en ningún momento al debate sobre los contenidos de esta norma".
Al respecto, el Ejecutivo del Principado ha reiterado "su rechazo a la contrarreforma sobre la interrupción voluntaria del embarazo, al representar un retroceso de casi tres décadas que aleja a España de la Europa de los derechos civiles".
"La actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en consonancia con el resto de leyes europeas, garantiza a las españolas y en todas las comunidades autónomas la igualdad en el acceso a las prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva, así como a métodos anticonceptivos y de interrupción de embarazo", remarcan desde el Principado.
Así, el Gobierno autonómico resalta que ha abierto un periodo para estudiar con detalle esta iniciativa legislativa "para promover una respuesta que permita velar por los derechos de las mujeres".
