OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón ha fallado, en sentencia firme, demoler tres casas de madera, conocidas como prefabricadas, instaladas "ilegalmente" en el concejo de Villaviciosa. El Juez ha condenado a tres personas a la suma de dos años y medio de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
La sentencia refleja que el 3 de septiembre de 2005 se iniciaron diligencias en virtud de una denuncia por un presunto delito contra la ordenación del territorio al existir casas prefabricadas en lugares prohibidos cerca de la ría y de la costa en Villaviciosa.
El fallo considera hechos probados que los acusados María P. R. y Roberto L. adquirieron al también acusado José Manuel F., gerente de una empresa de casas prefabricadas, una vivienda de este tipo, con destino a una segunda residencia en el término municipal de Villaviciosa, en el mes de marzo de 2003. La instalación de la vivienda carecía de los permisos o licencias oportunos, teniendo el suelo la calificación urbanística de "no urbanizable" de costa.
Por otro lado, otro de los acusado José Luis L. realizó un contrato en marzo de 2003, con el también acusado José Manuel F., para adquirir una casa prefabricada de unos 70 metros cuadrados con destino a una segunda vivienda en la zona de san Martín del mar, término municipal de Villaviciosa. Instalación que se llevó a cabo en agosto de 2004 en una zona sin autorización.
El tercer caso ocurrió el 8 de abril de 2008 cuando agentes del Seprona comprobaron que el gerente de la misma empresa de casas prefabricadas, José Manuel F. estaba construyendo una vivienda unifamiliar de dos plantas, una primera de ladrillo y sobre ésta planta de 34 metros cuadrados en un terreno "no urbanizable".
Por ello el juez condenó a María P. R. y a Roberto L. a seis meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y a José Manuel F a la pena de un año y seis meses de cárcel por tres delitos contra la ordenación del territorio penados con seis meses cada uno de cárcel.
Así mismo, el magistrado acordó que los acusados deberán demoler sus viviendas al ser "ilegales" y en su defecto, la demolición será a cargo de la Administración competente.
