Queda visto para sentencia sin que ninguna parte varíe sus conclusiones de forma significativa
SANTANDER, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juicio contra el promotor y presidente de la Comunidad de Propietarios de la urbanización La Esprilla en Igollo (Camargo), entre otros acusados, ha quedado este viernes visto para sentencia después de que ninguna de las partes haya modificado los delitos ni las penas solicitadas, entre ellas la Fiscalía, que le pide cinco años de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida en concurso con otro de falsedad de documento mercantil.
De ello han informado a Europa Press fuentes cercanas a este juicio, en el que han figurado como acusados el promotor, MA.I de la R.; su hermano JL.I de la R; su sobrino JL.I.V., su mujer BA.G.F; su hijo D.I.G.; su cuñada AH.V. y MM.A, aunque la fiscal sólo acusa a las cuatro primeras, para quienes ha pedido 17 años de prisión.
A estos cuatero, les acusa de cobrar a la Comunidd de Propietarios La Esprilla facturas falsas por 571.000 euros por trabajos que no se realizaron o que no costaban eso. Estas tareas o informes, según se explicó en el juicio, se encargaron a empresas del promotor o de sus familiares.
Los cinco años que ha pedido para el promotor, también los ha solicitado la fiscal para su hermano y su sobrino por sendos delitos de apropiación indebida en concurso con otro de falsedad documental, mientras que para BA.G.F, la mujer de MA.I de la R, ha pedido dos.
Sólo una de las acusaciones particulares, que aglutina a varios propietarios de las viviendas de La Esprilla, ha mantenido la acusación contra las otras tres personas, ya que la otra acusación particular la retiró.
El juicio arrancó el pasado lunes y se ha celebrado a lo largo de toda la semana en Las Salesas, en una de las salas de vistas de la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
El promotor aseguró que el Consejo Rector de la Comunidad de Propietarios de la Urbanización La Esprilla --en la que se proyectaba la construcción de 117 chalets--, la cual presidía, "siempre sabía" lo que él hacía y conocía "todos los pagos" que se realizaban a las empresas para ejecutar los chalets.
Señaló que cada disposición de fondos de la Comunidad de Propietarios necesitaba ser autorizado y avalado con cuatro firmas de los miembros del Consejo Rector, algo que, según ha dicho, al menos "él sepa sí" se cumplió.
Añadió que él no se encargaba de de recabar las firmas ni de guardar toda la documentación sobre la urbanización y tampoco "se metía" en la contabilidad de la Comunidad, ya que todo ello eran tareas, según ha dicho, de la gestora Herreros & De la Fuente.
En el jucio, Teconsa, la constructora de los chalets de la urbanización La Esprilla, en Igollo (Camargo), afirmó que el precio de la promoción que se fijó en diciembre de 1999 era "estimativo" y "no era cerrado", porque en ese momento había un anteproyecto y no estaba listo el proyecto definitivo, que se visó en 2001.
Uno de los días, el arquitecto contratado por el promotor para llevar la parte del proyecto relativo a las viviendas, explicó que Teconsa planteó una subida por chalet de 2,5 millones de pesetas, que él no consideró que estaba justificada, "la misma" posición que tuvo, según ha dicho, el promotor acusado en este juicio.
Este incremento, que finalmente acabó siendo de 8 millones de pesetas por vivienda, según dijo, se llevó a cabo de otro que se produjo anteriormente en un total de 37 millones de pesetas que fue por el proyecto de urbanización, en el que, según ha señalado, las variaciones en el precio son más comunes.
En el juicio, han declarado varios de los propietarios de las viviendas, algunos de los cuales decidieron marcharse al irse encareciendo las viviendas cada vez más, recuperando lo invertido.
Además, varios de ellos eran miembros de la Junta Rectora y han asegurado no haber visto facturas, ni ser informados de los gastos que se generaban.
