SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos CCOO y CSIF han pedido al Gobierno de Cantabria la devolución de todos los derechos "recortados" a los empleados públicos, "arrebatados" desde 2010.
En un comunicado, el Área Pública de CCOO se ha congratulado del anuncio realizado este jueves en el Debate de Orientación Política por parte del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, de que el Gobierno devolverá de manera negociada a sus trabajadores la parte devengada de la paga extra del 2012, al tiempo que el sindicato ha propuesto que dicha negociación incluya también la devolución del resto de recortes salariales y de derechos que los empleados públicos llevan sufriendo desde el inicio de la crisis.
CCOO ha recordado que la Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de Cantabria establece la reversibilidad de los recortes que contiene.
Por ello, el sindicato ha solicitado la convocatoria con carácter urgente de la Mesa General de Negociación para abordar la "restitución total" de los derechos de los empleados públicos de Cantabria y no solo de "una parte de la paga extra eliminada en el 2012".
CCOO ha destacado que este proceso de diálogo no solo concierne a los más de 20.000 empleados públicos cántabros sino al conjunto de ciudadanos "que merecen la mejor de las prestaciones en todos los ámbitos de los servicios públicos".
Por su parte, y en un comunicado previo al anuncio de Diego, CSIF también ha exigido al Gobierno de Cantabria, además de la devolución de la paga extra de 2012, establecer una negociación que propicie la recuperación "del resto de derechos injustamente arrebatados desde el año 2010 en Cantabria", tales como los días de asuntos particulares y adicionales por antigüedad, la acción social y la carrera profesional en sanidad, entre otros.
Para CSIF, la recuperación económica "que tanto anuncia el Gobierno" debe notarse también en los empleados públicos y, en este sentido, ha solicitado que se restituya el diálogo social en las administraciones públicas en materia de derechos de una Ley de Función Pública que desarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público.
