Según un estudio realizado a nivel nacional por FEAPS, que tiene en cuestan por primera vez el "coste de oportunidad" para los afectados
SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -
Las familias de Cantabria que cuentan entre sus miembros con un discapacitado intelectual tienen que hacer un "sobreesfuerzo económico" anual medio, descontando las ayudas compensatorias que reciben, de 21.986 euros, cantidad que incluye los costes en dinero y tiempo que exige atender sus necesidades, según un estudio realizado por la Confederación Española de Asociaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS).
Si a estos dos costes se añade el "de oportunidad", concepto que se incluye por primera vez en un estudio de estas características y que hace referencia a los ingresos por trabajo que dejan de percibir las familias al tener que atender a un discapacitado, la cantidad se eleva a 34.248 euros. Tanto en el primer caso como en el segundo, la media es superior a la nacional, que se sitúa respectivamente en 19.000 y 31.689 euros.
El estudio se ha dado a conocer hoy en una rueda de prensa por el presidente de FEAPS Cantabria, Javier Ausín, y el vicepresidente, José Manuel Díaz, entre otros, quienes señalaron que, pese a que en los últimos años han aumentado los recursos públicos de ayuda a los afectados, estos siguen siendo "absolutamente insuficientes" y la discapacidad intelectual tiene un importante coste que deben asumir las familias, tanto desde el punto de vista económico, como desde el de la dedicación y la falta de oportunidades, estos últimos más difíciles de cuantificar.
Por ello, el objetivo de este informe es "llamar la atención" sobre la pérdida de su capacidad adquisitiva, así como sobre la "gran diferencia" existente entre las distintas comunidades autónomas en materia de apoyo a los afectados. Precisaron, no obstante, que Cantabria es una de las "más avanzadas" en la aplicación de la Ley de Dependencia, pero los servicios de atención a los discapacitados se encuentran muy centralizados, lo que supone un perjuicio para los que residen en zonas rurales.
El estudio, que ha tenido en cuenta el Producto Interior Bruto (PIB) de cada comunidad, pone también de manifiesto que los discapacitados "leves", es decir los que son parcialmente autónomos, son los "más olvidados" y cuentan con menos ayudas que los "severos", pese a que su número es "bastante grande", según Ausín.
Entre las consecuencias "colaterales" para las familias que deben cuidar de un discapacitado, figuran las enfermedades psicológicas o de tipo emocional, la pérdida de su calidad de vida, o el empobrecimiento de sus relaciones sociales, por lo que desde FEAPS se considera necesario aumentar la red de servicios de atención, las prestaciones y, en general, el apoyo, para "aminorar" el sobreesfuerzo que tienen que hacer y evitar la "excesiva dependencia" de ellas de los afectados.
Los responsables de la confederación de Cantabria precisaron que este estudio "no es una denuncia económica", sino una "valoración" del sobrecoste económico que padecen las familias, y que es "acumulativo", lo que representa una "deuda moral" que debe ser tenida en cuenta por la Administración y las entidades públicas, señalaron.
DATOS DE CANTABRIA
Según explicó el gerente de FEAPS Cantabria, Iván Torres, el estudio contempla los diferentes perfiles de los afectados (leve, moderado y severo, distinguiendo en este último caso los que viven en el domicilio familiar o en residencia), los costes a los que se enfrentan las familias en cada caso, las medidas compensatorias que existen en todas las comunidades, y el sobreesfuerzo medio anual por perfil.
Por lo que respecta a Cantabria, este sobreesfuerzo, sin incluir el "coste de oportunidad", es de 14.313 euros para familias con un discapacitado leve; de 14.595 euros para las de un moderado; de 22.135 para las de un severo residente en el domicilio familiar; y de 36.541 para las de un severo ingresado en una residencia. Incluyendo el "coste de oportunidad", estas cifras se sitúan entre un mínimo de 24.195 euros y un máximo de 56.304.
Los responsables de FEAPS señalaron que aunque es "indiscutible" la "obligación moral" que tienen las familias en el cuidado de los afectados, estos resultados ponen de relieve que los recursos públicos son "insuficientes", ya que el sobrecoste medio para ellas es de dos veces y media el Salario Mínimo Interprofesional.
En cuanto a las diferencias en el importe de las prestaciones por comunidades autónomas, según el informe, oscilan entre los 2,700 y los 5.800 euros.
