SANTANDER, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha sostenido que el Gobierno de Cantabria mantiene abierto el proceso de diálogo e información con los sindicatos de policías locales con el objetivo de alcanzar un acuerdo para la redacción del proyecto de decreto de normas-marco para estos cuerpos municipales.
Además, en un comunicado en el que ha respondido a la denuncia efectuada este jueves por los sindicatos APLB, CSIF, UGT, CCOO y USO,
ha destacado que su departamento "sí ha tenido en cuenta y ha estudiado de manera pormenorizada" las recomendaciones aportadas por estos profesionales, incluyendo algunas de las propuestas en el texto, que actualmente se encuentra en fase de información pública.
En este sentido, De la Sierra ha señalado que se han incorporado respecto al texto inicial numerosas aportaciones de las propias organizaciones sindicales, como la descripción de las funciones correspondientes a cada grupo de titulación, el régimen de sustituciones de los mandos intermedios, la previsión de la posibilidad municipal de compensar el cambio de turno de trabajo, el reconocimiento de placa y carné de agentes jubilados o la clarificación de la figura de los auxiliares de policía y restricciones a las figuras temporales de refuerzo, entre otras cuestiones.
El consejero ha argumentado también que "existen otras reivindicaciones que no son competencia autonómica" y que, por tanto, no se han podido incluir en las normas-marco. En cuanto al reconocimiento de la formación por parte del Ministerio de Educación, ha explicado que el Gobierno de Cantabria no tiene capacidad para implantar un sistema de titulaciones que corresponde a otro organismo y que la función de la Consejería de Presidencia y Justicia es impartir formación para la carrera profesional de los empleados públicos.
Así, según De la Sierra, "los propios policías han reconocido que las enseñanzas ofrecidas desde el Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC) han tenido una clara evolución positiva" como, a su juicio, demuestran las evaluaciones realizadas durante los cursos, un plan formativo que, desde septiembre de 2015, ha desarrollado 59 acciones y ha puesto a disposición 1.945 plazas.
Frente a las acusaciones de un documento poco ambicioso, el Gobierno mantiene que se han atendido numerosas cuestiones que hasta ahora no se regulaban y recoge, además, el compromiso de desarrollar en las correspondientes órdenes asuntos más específicos.
Finalmente, el Ejecutivo cántabro se reafirma en "el tono cordial, colaborador y participativo de las negociaciones", así como en su "interés manifiesto por llegar a un entendimiento" con los agentes municipales, a quienes, una vez más, agradece su labor al servicio de la ciudadanía.
