SANTANDER, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida de Cantabria espera que la Fiscalía "tome nota" de las adjudicaciones "a la carta" denunciadas por la jefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud, y no descarta emprender sus propias acciones judiciales.
En un comunicado, la coordinadora de la formación, Leticia Martínez, se refiere a las "injerencias" del subdirector de Gestión Económica del SCS reveladas por esta funcionaria que denuncia que su despacho está "ocupado" por asesores externos que se reúnen con empresas, entre otras "irregularidades" como la paralización de expedientes o la tramitación de facturas pese a su "advertencia de que no puede hacerse".
Para IU, "esto es lo que se esconde detrás del discurso del PSOE cántabro en defensa de la sanidad pública: la constatación de que el Servicio Cántabro de Salud es un departamento fuertemente adjudicador y con mucha relación con empresas privadas", asevera Martínez, quien avanza que IU estudiará los detalles del caso, por el que no descarta emprender sus propias acciones judiciales.
Añade que todo esto sucede mientras "siguen las denuncias sobre el retroceso de lo público", con casos como el CAD de Sierrallana o el Servicio de Informática del Servicio Cántabro de Salud.
"PSOE y PRC vuelven a las andadas en su política de contratación", recrimina Martínez, quien sostiene que "el paso de socialistas y regionalistas por la Administración siempre se ha saldado con "abundantes sospechas" sobre sus adjudicaciones a empresas constructoras, publicitarias, mediáticas o sus "socios en proyectos que acabaron siendo ruinosos o inexistentes para Cantabria como el Racing, Comillas, GFB, la Ciudad del Cine, el Plan Eólico o el Puerto de Laredo".
Además, la líder de IU enfatiza que la denuncia la hace una alta funcionaria de la Administración autonómica, próxima a la jubilación, que espera "no corra el mismo destino que el Interventor General, otro destituido -dice- tras sus informes críticos y sea tratada con más respeto que el dimitido director de la empresa pública del Año Lebaniego".
Dentro de esa "vuelta a las andadas y ese pasado que siempre vuelve", Izquierda Unida también se ha referido a la petición por parte de la Fiscalía de una pena de siete años de prisión para el exdirector de la empresa pública CANTUR, Diego Higuera, imputado por pagar gastos personales con cargo a la empresa pública.
Higuera tiene pendiente otro proceso por un presunto delito de prevaricación administrativa por fraccionamiento de contratos en esta sociedad de gestión turística. La coordinadora de IU expresó su "desconfianza" en que la administración funcione "adecuadamente" si "los responsables de los nombramientos que acaban en estas prácticas y procesos judiciales son los mismos".
"Está en su ADN: difícilmente PSOE y PRC pueden actuar de otra forma porque son los mismos que protagonizaron aquella etapa", concluye Martínez.
