Critica el "pacto" entre Colegio de Médicos y Consejería de Sanidad en la objeción de conciencia, que califica como "un obstáculo"
TOLEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Local de la Mujer de Toledo ha mostrado su preocupación por el hecho de que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, una norma que ha calificado como "bien concebida", pueda "distorsionarse" por un mal desarrollo reglamentario o una mala actuación de las comunidades autónomas.
En este sentido, en una resolución acordada recientemente, ha considerado "imprescindible" que el sistema público de Salud de Castilla La Mancha garantice el principio de equidad asumiendo la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo establecido en la Ley orgánica.
"La privatización de la prestación se recoge en la Ley como una excepcionalidad y no puede convertirse en una práctica general para toda una región. Por tanto, consideramos imprescindible la dotación de centros públicos de referencia en las cinco provincias y muy especialmente en Toledo", ha argumentado.
Todo ello, con el fin de que la mujeres de la capital regional, ciudad capital regional, a las que representa este Consejo Local de la Mujer, "eviten la distorsión territorial y aseguren el efectivo ejercicio del derecho en nuestra comunidad, tanto en el momento de la interrupción voluntaria del embarazo como en el necesario seguimiento posterior".
OBJECIÓN DE CONCIENCIA
De otro lado, ha valorado "positivamente" la regulación de un registro de objeción de conciencia en Castilla-La Mancha para garantizar este derecho en los términos recogidos en la ley. "Objeción que debe ser anticipada, individual y por escrito, y que nunca puede ser colectiva ni fruto de presiones de órganos colegiales".
De este modo, ha dicho que el Gobierno regional debe velar por la conciliación entre el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales y la obligación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) de realizar la intervención a las mujeres que lo soliciten.
En esta línea, según el Consejo, la Ley sobre derechos sexuales y reproductivos prevé la objeción para el personal directamente implicado en la intervención, que según el propio ministro de Sanidad son: los ginecólogos, enfermeros o anestesistas, que llevan a cabo directamente la prestación.
Por ello, ha señalado que el Gobierno regional determino es su día y antes de las negociaciones con el Colegio de Médicos, que el personal directamente implicado en la intervención voluntaria del embarazo y por tanto susceptible de acogerse a el derecho a la objeción, era los facultativos especialistas en ginecología y obstetricia, en anestesiología, diplomados en enfermería y matronas.
"Sin embargo, en estos días hemos observado como la Consejería de Sanidad y Bienestar Social se ha mostrado muy preocupada por negociar y pactar --como así lo manifiesta el propio Colegio de Médicos-- la 'ampliación' de la objeción de conciencia para los médicos de atención primaria, con el fin de acallar problemas políticamente incómodos", ha apostillado.
Para el Consejo, "se olvida el Gobierno Regional de su responsabilidad en transmitir a la ciudadanía el mismo celo en el cumplimiento de la ley y en asegurar el ejercicio del derecho por parte de las mujeres y en cumplir con las obligaciones del Servicio Público de salud de Castilla-La Mancha.
Por lo que ha entendido que este "pacto" entre Colegio de Médicos y Consejería de Sanidad constituye en la práctica "un obstáculo" más para el correcto desarrollo de la Ley. "Nos preguntamos cómo va a quedar asegurado el derecho de las mujeres a ser informadas y bien derivadas, cuando los encargados de dar esta información pueden objetar", se ha preguntado.
