TOLEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Justicia y Protección Ciudadana y el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha firmaron hoy un convenio de colaboración en virtud del cual la primera destinará un total de 15.000 euros para desarrollar cursos de formación para estos profesionales, a fin de mejorar la calidad del servicio que ofrecen a los castellano-manchegos.
En rueda de prensa, antes de rubricar el acuerdo, la consejera de Justicia y Protección Ciudadana, Angelina Martínez, explicó que su departamento pretende que este convenio, que estará vigente durante el 2008, sea un clásico en el quehacer de la Consejería y así convertirse en un proyecto sólido.
Así, esos 15.000 euros irán destinados a desarrollar acciones formativas en los seis colegios de abogados que existen en la región, y que organizados por el Consejo General de la Abogacía, versarán sobre violencia de género; menores infractores; vigilancia penitenciaría y situación de los presos; inmigración, así como defensa jurídica de las personas con discapacidad.
A parte de muchas otras cosas en común, la consejera dijo que con el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha "nos une el interés por la formación para mejorar la calidad en el servicio, atender las necesidades de los profesionales y el interés por ofrecer a los ciudadanos la mejor defensa jurídica".
Dicho esto, tuvo palabras para destacar la labor que desarrollan los abogados de turno de oficio "que compartiremos cuando las transferencias en materia de justicia sean un hecho".
Por su parte, José Luis Vallejo, tras hacerle entrega tanto a la consejera como al director general de Justicia del bastón del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, reconoció que aunque la aportación económica "sea escasa" dada la reciente creación de la Consejería, lo que verdaderamente importa es la voluntad de colaborar.
Por eso, en los seis colegios de abogados de Castilla-La Mancha se impartirán cursos, "aunque esto no quiere decir que los abogados no estemos preparados, sino que trabajamos para garantizar los intereses y los derechos de los ciudadanos y para mejorar el ejercicio profesional", apostilló Vallejo.
