ALCAZARÉN (VALLADOLID), 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Programa Rehabitare impulsado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para acondicionar viviendas municipales en situación de abandono o en desuso ha alcanzado un total trece viviendas en el medio rural de Valladolid destinadas al parque público de alquiler social para familias del medio rural con una situación económica y social difícil.
Así lo ha indicado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha firmado con los alcaldes de Piñel de Arriba, Valoria la Buena, San Miguel del Arroyo y Mota del Marqués los convenios que permitirán rehabilitar las cuatro viviendas, una en cada municipio, que pasarán a formar parte del parque público de alquiler social con presencia ya en Matapozuelos, Valbuena de Duero, Alaejos, Villalón de Campos, Campaspero, Pedrosa del Rey, Trigueros del Valle, Valdestillas y Alcazarén.
Suárez-Quiñones ha recordado que el programa Rehabitare contribuye a la lucha contra la despoblación "de forma relevante" al proporcionar actividad económica, servicios y confortabilidad y dinamizar la economía del medio rural ya que las obras recaen en empresas de la zona y proporcionan empleo local "al mismo tiempo que satisface el derecho a la vivienda a las personas y familias más necesitadas".
El consejero ha destacado la consolidación del Programa que ha permitido incorporar entre 2016, 2017 y las previsiones para 2018 un total de 137 viviendas en 127 localidades de Castilla y León con una inversión global de seis millones de euros.
Suárez-Quiñones ha visitado este viernes la vivienda rehabilitada en Alcazarén, antigua casa del maestro, ya acondicionada para ser habitada tras una inversión de 50.000 euros. Las obras han supuesto una reforma integral, con cambios en cubierta, canalones y bajantes, muros y aislamientos, y en el interior nuevas instalaciones de agua, calefacción, sanitarios y amueblamiento de cocina.
Por otro lado, el consejero ha recordado que su Consejería está ultimando la convocatoria de las ayudas a los jóvenes menores de 35 años para la compra de vivienda en municipios de 5.000 habitantes, una línea que pretende fomentar el asentamiento joven en los pueblos y destinadas a completar las del alquiler incluidas en la última convocatoria para jóvenes y mayores de 65 años, que prevén el pago del 50 por ciento de la renta anual, frente al 40 por ciento del año anterior.
