Trib.Secretaros, interventores y tesoreros de León recurren al Supremo el Decreto de las Secretarías de Juntas Vecinales

16 de mayo de 2018

LEÓN, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de León ha presentado en el día de hoy ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a través de su letrado, el abogado leonés Víctor Alvarez Bayón, un recurso judicial contra el Gobierno y el Real Decreto 128/2018, que les impone la Secretaría de las Juntas Vecinales.

En concreto, este Real Decreto impone a los secretarios de cada ayuntamiento asumir obligatoriamente las Secretarías de sus Juntas Vecinales de cada municipio así como las tareas y responsabilidades que ello conlleva.

Esta decisión se denuncia como "irracional e insostenible", especialmente para los secretarios de la provincia de León pues en la misma se ubican casi la mitad de las entidades locales menores de todo el país-_más de 1.200 de las 3.000 que hay en todo el Estado_-.

"En esta provincia hay un gran número de municipios que tienen una media de entre cinco y diez juntas vecinales, llegando algún municipio a 37, siendo una tarea que por sí misma supera a una sola persona a lo cual se une también las propias obligaciones que se tiene como secretario del ayuntamiento", critica la organización colegial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Esta situación de los secretarios de León, que denuncian ser los más afectados, se complica aún más cuando las Juntas Vecinales *carecen de ordenadores y de medios personales para el adecuado ejercicio de sus funciones*.

En cualquier caso, confían en que el Tribunal Supremo estime sus argumentos apreciando que esta Disposición es contraria a Ley de Bases de Régimen Local, que es un texto con rango de Ley y, por tanto, superior al Reglamento aprobado.

Lo anterior no es incompatible con los contactos que la organización colegial leonesa mantiene con el Ministerio, con los grupos parlamentarios y con las demás instituciones afectadas, para que se busquen fórmulas alternativas al polémico precepto reglamentario y se solucione el conflicto de manera extrajudicial.

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