El Gobierno de Colau estudia levantar exenciones de impuestos a la Iglesia con la sentencia del TJUE
BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El plan para combatir el fraude fiscal del Ayuntamiento de Barcelona, centrado en grandes empresas y propietarios, ha permitido recaudar desde 2016 un total de 56,6 millones de euros que antes no se cobraban, doblando la recaudación por contribuyente --hasta 4.297 euros--, ha anunciado este martes el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello.
De estos 56,6 millones, nueve se han recaudado por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO); cuatro millones son de empresas de suministros --que comunicaban menos facturación de la real y por tanto pagaban menos-- y dos corresponden a superficies comerciales que no declaraban todo lo debido, ha detallado en rueda de prensa con el gerente de Presidencia y Economía, Jordi Ayala.
Pisarello ha resaltado que lo han logrado incrementando el número de inspectores fiscales y enviándolos "donde antes no estaban, a grandes empresas que a menudo no estaban suficientemente fiscalizadas"; publicando las empresas morosas que adeudan a la ciudad más de un millón, y mejorando la coordinación con otras administraciones.
Así, el Institut Municipal d'Hisenda (IMH) ha intensificado el intercambio de datos con la Agència Tributària de Catalunya y la Agencia Tributaria, lo que ha permitido recaudar 33 millones de euros --sobre todo provenientes de embargos de las devoluciones de la Agencia Tributaria--, y otros diez millones por 21.000 empresas dadas de alta desde 2010 y que no abonaban el impuesto municipal de recogida de residuos.
Ayala ha destacado que el Ayuntamiento tiene previsto centrarse también en otras empresas de suministro, empresas de ocio --incluidos hoteles-- y en otros sectores como los coches de alquiler, que ubican su domicilio fiscal en pequeñas poblaciones en las que no tiene actividad: "Es un tema en el que queremos hacer especial incidencia".
El gerente ha señalado que también estudian las implicaciones que puede tener la sentencia de junio del Tribunal de Justicia la UE (TJUE) sobre la "posible vulneración del derecho a la libre competencia de determinadas exenciones fiscales", como en la Iglesia, que no paga impuestos como el de Bienes Inmuebles (IBI).
Pisarello ha destacado que estudian el impacto de esta sentencia para comprobar si efectivamente estas exenciones representan una vulneración del principio de libre competencia y, en tal caso, plantearán "cómo levantarlas", algo por lo que ya había apostado el Gobierno de Ada Colau.
REDISTRIBUCIÓN SOCIAL
"Barcelona tiene un modelo de fiscalidad que es más equitativo y que no es fuerte con los débiles y débil con los fuertes, sino que pone el foco en las grandes empresas y propietarios, de modo que cada uno pague lo que tiene que pagar", ha remarcado Pisarello, a lo que Ayala ha añadido que el objetivo no es que nadie pague más, sino que pague lo que debe pagar.
Pisarello ha defendido que la lucha contra el fraude fiscal es "clave para la redistribución social, porque si Barcelona es la gran ciudad del Estado que más ha crecido en materia de inversión social también es porque ha sido pionera contra el fraude fiscal" y en poner el foco en grandes empresas y propietarios, lo que ha implicado un cambio de paradigma, según él.
El contenido de esta noticia está elaborado en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona
