BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un total de 12 personas sin hogar de la acampada de la plaza Catalunya de Barcelona han aceptado alojamientos ofrecidos por los servicios sociales del Ayuntamiento --diez en centros de primera acogida y dos en pensiones--, mientras que, sobre las 10.30 horas, otras se están atendiendo y cuatro han rechazado esta opción.
Lo ha explicado el gerente del Institut Municipal de Serveis Socials, Jordi Sánchez, en declaraciones a los medios junto al primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, después de que se haya desalojado la plaza, en la que había la acampada por los derechos de la gente sin hogar --con unas 20 personas este miércoles-- y otra independentista.
Pisarello ha destacado que la intervención ha tenido como objetivo "evitar que haya problemas de salubridad" en la plaza y garantizar un uso razonable del espacio público, teniendo en cuenta eventos que prevén una gran concentración de personas en el entorno, sobre todo Sant Jordi, que se celebra el lunes.
INTERVENCIÓN "ADECUADA"
Ha sostenido que, teniendo en cuenta la gran afluencia de personas previstas para Sant Jordi, la intervención ha sido "adecuada", y ha insistido en que el Gobierno de Ada Colau ha abordado el asunto desde la voluntad de garantizar el derecho a la protesta --han ofrecido puntos informativos a ambas acampadas--, que debe ser compatible con un uso razonable del espacio público.
Ha asegurado que el Ayuntamiento ha aumentado un 30% el presupuesto en este ámbito y que la mitad de las personas sin hogar en Barcelona llevan menos de cinco meses en la ciudad, lo que requiere una reflexión y tratar el asunto desde el entorno metropolitano y catalán: "Necesita un debate de país", también presupuestario, ha defendido.
"Es necesario que todas las administraciones se impliquen. Es una de las razones por las que necesitamos un Govern en la Generalitat", ha añadido Pisarello, que ha exigido también al Gobierno central a que se impliquen en el abordaje del sinhogarismo.
100 PERSONAS EN CINCO MESES
El gerente ha resaltado que, además de las personas en equipamientos, en la calle viven entre 1.000 y 1.100, cifra que ha aumentado en un centenar en el último medio año, aunque muchos son de "alta movilidad" --están una temporada en la ciudad y luego se trasladan--, y ha explicado que un 15% de las personas en equipamientos tienen trabajo pero no pueden permitirse una vivienda.
El teniente de alcalde ha avisado de que el fenómeno debe ser visible de forma rigurosa y con cifras, evitando "que se quiera instrumentalizar de forma partidista el sufrimiento de esta gente, como han hecho algunas fuerzas políticas", por lo que ha pedido un debate sereno sobre el asunto.
Ha asegurado que el Gobierno de Colau no descansará mientras haya una sola persona en situación de vulnerabilidad, pero ha remarcado que no existe soluciones "mágicas", y ha garantizado que, aunque provengan de otros municipios, cualquier persona que llegue a la ciudad es tratada como cualquier barcelonés.
